Marcela Loyola
Consejeros Nacionales Indígenas y autoridades comunitarias denunciaron que, la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), han desarrollado de manera desaseada y desordenada el trabajo preoperativo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social (FAIS), por lo que promoverán un juicio de amparo.
Expusieron que, desde que inició el proceso asambleario en las comunidades, el proceso ha estado lleno de irregularidades que, van desde ignorar la personalidad jurídica de las comunidades como sujetos de derecho público, imponiendo sus protocolos oficiales para convocar, sesionar y elegir de manera libre a sus comités, sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas reconocidos en la Constitución y, hasta han buscado imponer a personas afines a sus intereses partidarios, politizando los trabajos preoperativos del FAIS, cuando los lineamientos prohíben.
Además que, ambas instituciones han sido opacas y arrogantes en proporcionar información parcial y distorsionada sobre el presupuesto autorizado a cada comunidad indígena, pues el 13 de marzo del año 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se emiten los lineamientos del componente indígena del FAIS, donde se autorizó un monto y para el 15 de abril de 2025 y, se emite otro acuerdo que modifica la fórmula de distribución presupuestal, afectándolos, pues disminuyeron los montos presupuestales de todas las comunidades indígenas.
“Estos cambios se originaron por las omisiones y deficiencias de la secretaria de Bienestar y del INPI, pues no consideraron al total de las comunidades indígenas y ante la protesta nacional, determinaron incluirlas provocando una disminución presupuestal en cada comunidad, pero no incrementaron el monto presupuestal global y mucho menos redujeron el presupuesto municipal. No tramitaron una ampliación, sino decidieron cobrarnos a nosotros sus ineficiencias”, reprobaron.
Agregaron que, los lineamientos del FAIS no pueden estar por encima de los derechos que reconoce la Constitución, por ello, ante la reducción de recursos interpondrán un juicio de amparo, pues debe respetarse el monto original publicado y asignado que debe ser del 10 por ciento.
“Nos parece que este conjunto de actos resulta violatorio de nuestros derechos humanos e indígenas. Nos oponemos a la violencia institucional de la Secretaría de Bienestar e INPI en cuanto todos los actos que vienen realizando contra nuestras comunidades porque autoritariamente hasta nos quieren callar”, lamentaron.
Puntualizaron que, uno de los actos que denunciaran es la imposición de un delegado del INPI que no es indígena de nombre Mario Alberto Godoy Ramos, que en 2018 se decía afromexicano y ahora en 2025, se dice ser rarámuri, pues no cumple con los mínimos criterios para ostentarse como titular de la oficina que debe ser garante de los derechos indígenas, “no es indígena, no habla ninguna de las lenguas del estado y peor aún, no está actualizado en la temática indígena”.
Finalmente, lamentaron que las instituciones lleven un atraso en los plazos para testimoniar la constitución de los comités de administración y vigilancia, por lo que, es muy probable que se termine el 30 de mayo con este proceso, lo que implicaría que el recurso llegue en el mes de junio y de conformidad a los lineamientos el término del ejercicio será anticipado en el mes de noviembre, por lo que solo tendrán 6 meses para ejercer los recursos