Marcela Loyola
Integrantes del Consejo Nacional Indígena de San Luis Potosí, representantes de los pueblos tenek y náhuatl, interpusieron el Amparo 498/2025 contra la designación de Mario Godoy como representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en el estado, puesto que su imposición es una clara usurpación de la identidad indígena.
Puntualizaron que, Mario Godoy no es una persona indígena para ser su representante, puesto que, su único mérito solo es ser familiar de la consejera jurídica de la presidencia de la república, cercana a funcionarios de primer nivel.
“Hemos cuestionado esta determinación, puesto que vulnera los criterios básicos que deben prevalecer para ser designado en el cargo de manera legítima y adecuada a las exigencias de un servicio público que debe estar atendiendo a comunidades indígenas y esos criterios son; ser de origen indígena, hablante, oriundo de la región indígena, tener conocimiento y experiencia. La persona en cuestión no reúne prácticamente ninguno de estos criterios”, denunciaron.
Enfatizaron que, Mario Godoy “no es indígena, aunque ha intentado en 2018 auto adscribirse como afrodescendiente y en 2025 como rarámuri, no es hablante de ninguna de las lenguas del país, ni de nuestras regiones indígenas tenek, náhuatl o xi uy, no vive en comunidad, no está actualizado en la agenda indígena, ni en la sustancia del reconocimiento de los derechos indígenas, ni mucho menos su aplicabilidad”.
Los consejeros indígenas manifestaron que, la imposición de esta persona les causa una afectación directa en el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, por ello, reiteraron el llamado al director general del INPI Adelfo Regino Montes que, corrija y los reciba para resolver este tema, pues tienen 6 años pidiendo audiencia y sistemáticamente se les ha negado.
“Debido a que a la fecha no nos ha recibido en audiencia el director general, hemos procedido a interponer el Amparo 498/2025 contra la designación de esa persona como delegado de la oficina de representación en el estado de San Luis Potosí, puesto que su imposición es una clara usurpación de la identidad indígena. No queremos omitir que esta imposición pone en riesgo la siguiente consulta de la Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, puesto que esta persona no es sensible a nuestra inclusión”, advirtieron.