La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que tipifica como delito los llamados “pinchazos” en el Metro y otros sistemas de transporte público de la capital, con penas de hasta 7.5 años de prisión y sanciones económicas.
La propuesta legislativa recibió 11 votos a favor y ninguno en contra, y será discutida en el Pleno del Congreso local en los próximos días.
La iniciativa, enviada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, busca incorporar el artículo 141 Quáter al Código Penal capitalino, con el fin de sancionar la introducción, suministro o aplicación subrepticia de sustancias, ya sea por vía oral, dérmica, intravenosa, intramuscular o mediante inyecciones o agujas, sin consentimiento de la víctima.
Estas sustancias incluyen las que alteran la conciencia, la voluntad, la salud o el estado físico y mental, y se busca sancionar su uso especialmente en espacios públicos como el Metro, Metrobús o el Pumabús.
Penas agravadas por sustancias peligrosas
El dictamen establece que las penas podrán aumentar hasta en una mitad si se cumplen ciertas condiciones agravantes, como el uso de sustancias psicoactivas, narcóticas, psicotrópicas o tóxicas, así como cuando se ponga en riesgo la vida de la víctima, o si esta es niña, niño, mujer o persona con discapacidad.
Asimismo, se aplicarán penas máximas si el acto es realizado con el fin de cometer otro delito o se lleva a cabo en espacios cerrados o de acceso restringido.
Preocupación social ante los casos en aumento
La legisladora Tania Larios, del PRI, presentó una iniciativa paralela con enfoque similar, al señalar que estos ataques ponen en riesgo la integridad y seguridad de los habitantes de la capital.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, hasta el pasado 2 de mayo se habían registrado 41 denuncias por pinchazos, principalmente en el Metro, pero también en el Metrobús y el Pumabús.
Paso legislativo hacia la protección en transporte público
El avance de esta legislación representa un primer paso legal para enfrentar una nueva forma de violencia urbana, y coloca a la Ciudad de México como una de las primeras entidades del país en tipificar penalmente la administración subrepticia de sustancias con fines criminales.
Se espera que en la próxima sesión del Pleno se vote el dictamen y, de aprobarse, se publique en el Diario Oficial de la CDMX para su entrada en vigor.
Con información de: Guillermo Ortega