Marcela Loyola
Personas con discapacidad de San Luis Potosí se ampararon contra el Plan Nacional de Desarrollo, al no realizarles una consulta con los estándares internacionales requeridos, para tomarlos en cuenta en las obras y acciones.
Lo anterior, luego de que, el pasado 15 de abril de 2025 apareciera en el Diario Oficial de la Federación, el Plan Nacional de Desarrollo que no contó con una consulta a personas con discapacidad con los estándares internacionales de ser previa, pública, abierta, regular, accesible, transparente y significativa; con participación directa y efectiva de las personas con discapacidad, tomando en cuenta los parámetros de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Comité de Personas con Discapacidad de la ONU.
Ante esto, personas con discapacidad de San Luis Potosí, Guanajuato, Baja California Sur, Puebla, Tabasco, Chiapas, Durango, Jalisco y Coahuila interpusieron en cada uno de sus estados, un amparo en contra del Plan porque no se cumplió con lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que indica que en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.
“Las personas con discapacidad queremos tener participación activa y no simulaciones.
Queremos que se escuchen nuestras necesidades reales para que las soluciones también sean reales. Estamos conscientes de que las políticas aparecidas en el Plan Nacional de Desarrollo se refieren a programas asistenciales y de salud, pero nuestras necesidades van más allá de eso, tienen que ver con accesibilidad, movilidad, transporte,
comunicaciones, educación, trabajo, cultura, apoyos humanos y tecnológicos, y muchas otras que no fueron contempladas en el Plan y por lo tanto nos dejan invisibilizados y en indefensión” señalan en un comunicado.
Agregan que, las barreras físicas y actitudinales a las que se enfrentan cotidianamente no desaparecerán hasta que hayan sido escuchados y el gobierno haya actuado para eliminarlas.
“Queremos ser escuchadas y atendidas y sabemos que no estamos pidiendo acciones excepcionales, estamos exigiendo nuestros derechos humanos consagrados en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un instrumento internacional de derechos humanos, promovido, firmado y ratificado por el gobierno
mexicano. Ya no más invisibilizarían de nuestro colectivo y de nuestras necesidades, ahora más que nunca”, abundó.