El Pleno del Senado aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que crea un sistema de interconexión de datos públicos y privados a los que tendrán acceso las instituciones de seguridad.
La ley de Seguridad fue aprobada en lo general por 88 votos a favor y 16 en contra y en lo particular por 77 votos a favor y 30 en contra, sin que se aceptaran cambios a la minuta enviada por la Cámara de Diputados.
La ley de Investigación e Inteligencia fue aprobada en lo general por 67 votos a favor y 29 en contra, y en lo particular por 66 votos a favor y 31 en contra, sin que se aceptaran las reservas presentadas por los senadores.
Esta legislación, que fue enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación, establece las reglas de funcionamiento del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, así como los mecanismos de coordinación y colaboración entre las instituciones, autoridades y los entes que lo integran, en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos.
Subordina las acciones de investigación e inteligencia a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y permite a las instituciones de seguridad la interconexión, el acceso, la consulta e integración de la información contenida en las bases de datos y registros públicos y particulares que componen la Plataforma Central de Inteligencia.
Esta plataforma, a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), estará interconectada a los sistemas de inteligencia de las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano, así como a los registros y bancos de información en posesión de cualquier otra institución pública y de particulares.
En ese sentido, incluye a los particulares que tengan a su cargo sistemas de inteligencia, bases de datos y registros administrativos como datos vehiculares y de placas, biométricos, telefónicos, de la propiedad y del comercio, de personas morales, catastros, fiscales, de armas de fuego aseguradas o decomisadas y de personas prestadoras de servicios de seguridad privada.
Además, comprende los padrones de personas detenidas y sentenciadas, de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales, comerciales, en materia marítima y “todos aquellos de donde se pueda extraer información, indicios, datos y pruebas para la generación de productos de inteligencia para la prevención, investigación y persecución de los delitos”.
La obligación que establece la ley es que estos sistemas “deberán vincularse y colaborar con los órganos del Sistema Nacional, para su consulta de acuerdo con las formas y mecanismos previstos en esta Ley”.
Para el procesamiento y análisis de la información, se utilizarán sistemas y programas que reciban, transcriban, conviertan, organicen, clasifiquen e interrelacionen información y datos de todo tipo, incluidos programas de automatización y herramientas de inteligencia artificial, “a fin de generar las estrategias, acciones y los productos de inteligencia en seguridad pública que detonen y refuercen operativos y operaciones especiales”.
Establece que “los sistemas podrán ser mecánicos, tecnológicos e inteligentes” y la información será utilizada para generar productos de inteligencia y otros estudios que contribuyan a “identificar y combatir amenazas y afectaciones a la seguridad pública”.
Por otra parte, la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, crea un Sistema Nacional en la materia integrado por un Consejo Nacional, el Gabinete Gabinete Federal de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, las mesas de paz, los consejos locales, y el Secretariado Ejecutivo.
Aunque los senadores no hicieron modificaciones al dictamen, los diputados previamente realizaron cambios a la iniciativa presidencial, como la eliminación del párrafo que señalaba que “la seguridad pública es de carácter civil”, así como la colocación de la Guardia Nacional -adscrita formalmente a Defensa- como la principal institución de seguridad federal, “con un enfoque y formación en doctrina policial civil”.
Con información de: Aristegui Noticias