Kristell Vargas
La implementación de una nueva CURP con datos biométricos representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y privacidad, advirtió Jorge Chessal Palau, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo San Luis Potosí.
El nuevo sistema de identificación nacional contempla la incorporación de información personal sensible como huellas dactilares, fotografías y, en algunos casos, escaneos del iris. Para Chessal Palau, esta medida supone un control sin precedentes del Estado sobre los ciudadanos.
“Este tipo de mecanismos ya se había intentado imponer en el pasado, pero los organismos defensores de derechos humanos lograron detenerlos por las implicaciones que tienen en términos de vigilancia, pérdida de autonomía y posible uso arbitrario de los datos personales”, señaló el jurista.
El abogado consideró que la reciente aprobación legislativa de este sistema refleja un debilitamiento institucional del respeto a las garantías individuales. “Desgraciadamente, los derechos humanos han dejado de ser una prioridad. Esta cédula es muestra de un cambio hacia políticas de control y centralización”, sostuvo.
También expresó preocupación por la capacidad del Estado mexicano para proteger adecuadamente información de alta sensibilidad. “En el sector bancario usamos datos biométricos, sí, pero están sujetos a normas y auditorías internacionales. En cambio, el sector público ha demostrado fallas graves: se ha filtrado el padrón electoral, ha habido hackeos al SAT… no hay garantías de resguardo”, advirtió.
La Barra Mexicana de Abogados reiteró su llamado a revisar la medida desde una perspectiva legal y de derechos humanos, a fin de evitar que esta iniciativa derive en prácticas invasivas y violaciones a la privacidad ciudadana.