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Gobierno estatal adeuda más de 3.6 mdp al CEEPAC

Kristell Vargas

A pesar de que el proceso electoral ya concluyó, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) enfrenta serias dificultades financieras debido a un adeudo de 3 millones 698 mil 653.76 pesos por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, correspondiente a su gasto ordinario de 2025.

Así lo denunció el consejero electoral Juan Manuel Ramírez García, quien detalló que desde junio no se han ministrado recursos correspondientes a los capítulos 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales), lo que ha afectado directamente las operaciones básicas del organismo.

Ramírez precisó que el adeudo específico asciende a 133 mil 212 pesos del capítulo 2000 y 681 mil 602 pesos del capítulo 3000. Aunque los montos puedan parecer menores frente a otros rubros del presupuesto estatal, son esenciales para el funcionamiento cotidiano del CEEPAC.

Además, persiste un adeudo mucho más significativo: 2 millones 883 mil 839.76 pesos del fondo previsto en el Artículo 42 de la Ley Electoral del Estado, destinado a promover la participación ciudadana y la educación cívica. En lo que va del año, no se ha entregado un solo peso de este fondo, lo que ha paralizado los programas de vinculación con la sociedad que el organismo debe realizar fuera de los periodos electorales.

Aunado a ello el consejo enfrenta una deuda de 21 millones de pesos con el Instituto Nacional Electoral (INE), derivada del convenio de colaboración durante la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial. Según el consejero electoral, este adeudo no se debe a una mala gestión del CEEPAC, sino a la falta de respuesta de la Secretaría de Finanzas ante una solicitud de ampliación presupuestal aún sin resolver.

La falta de cumplimiento en los compromisos financieros ha puesto al CEEPAC en una situación crítica, limitando su autonomía operativa y obstaculizando tareas fundamentales como la formación cívica y la promoción de la participación ciudadana.

Actualmente, el organismo continúa operando con recursos mínimos, enfrentando deudas y tratando de sostener su función constitucional en condiciones adversas.

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