Marcela Loyola
Un grupo de ciudadanos denunció ser víctimas del “Cártel inmobiliario” encabezado por Daniel Soto Basauri, quien les inventaba deudas y utilizaba el sistema judicial para despojarlos de sus casas, vehículos y negocios, esto a través de fraudes y amenazas.
#SLP Un grupo de ciudadanos denunció ser víctimas del “Cártel inmobiliario” encabezado por Daniel Soto Basauri, quien les inventaba deudas y utilizaba el sistema judicial para despojarlos de sus casas, vehículos y negocios, esto a través de fraudes y amenazas. pic.twitter.com/woLICsLtSw
— PotosíNoticias (@Potosinoticia01) August 8, 2025
En una conferencia de prensa, los abogados Marco Antonio Barrera y Lorenzo Sánchez Andrade acompañados de cinco víctimas, señalaron que, al momento hay 15 víctimas, pero solo por una que logró iniciar un proceso penal se logró la detención de Soto Basauri la semana pasada y, este jueves una jueza decretó prisión preventiva justificada en su contra.
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Expusieron que, estas denuncias se remontan al menos a 2018, donde una de las víctimas, que en un principio no tenían relación entre sí, fueron seleccionadas por este grupo criminal, para despojarla de sus pertenencias.
Detallaron que, el grupo utilizaba procedimientos ilegales para apoderarse de bienes, como simular la existencia de un pagaré para después realizar emplazamientos en una casa que el propio Soto Basauri usaba como centro de operaciones o alteraba la firma de las personas en pagarés por 700 mil pesos y hasta se aprovechaba de la falta de conocimiento de las leyes y se valía de las puertas legales que permitían estas maniobras.
Una médica familiar fue una víctima, a quien la despojaron de su casa y posteriormente, Soto Basauri utilizaba como oficina para sus actividades fraudulentas. Otro afectado, Ignacio Álvarez, compró una casa a Soto Basauri en el año 2022 por 800 mil pesos, después de pagar una parte, fue amenazado y le exigieron más dinero, llegando incluso a advertirle que lo despojaría de otras propiedades y vehículos.
La veterinaria, Miriam García-González manifestó que, Soto Basauri la amenazó de muerte y le pidió 700 mil pesos, después de que ella interpusiera una querella en su contra, pues estaba siendo hostigada por dicha persona.
Los abogados y las víctimas confiaron en que haya justicia en este caso y salgan más involucrados, pues creen que la organización operaba con la complicidad de algunos funcionarios judiciales, ya que tienen sospechas que hay personal de la fiscalía y del Poder Judicial involucradas, pues jamás se les notificaba de los procesos legales en su contra.
Especificaron que, la organización utilizaba un documento que indicaba que el demandado quería ser notificado a través de los estrados del juzgado, para así evitar notificaciones directas y Soto Basauri usaba a sus padres como cómplices, quienes se hacían pasar por las víctimas, especialmente si eran de edad avanzada. La orden de aprehensión fue girada por una jueza y se cumplimentó a pesar de los esfuerzos de Soto Basauri por evitar la prisión, pues ya hasta fue vinculado a proceso.