Marcela Loyola
El diputado Rubén Guajardo Barrera señaló que el órgano de control interno del Ayuntamiento de la Capital, debe de investigar las denuncias contra el regidor Jorge Zavala, por supuestamente quitarle parte de su salario y acosar a los trabajadores.
Lo anterior, luego de que la extrabajadora del ayuntamiento de la capital, Martha Tapia, denunciara públicamente una presunta red de corrupción y acoso laboral operada por el regidor Zavala López.
“El proceso es muy claro, debe de hacerse la investigación en el órgano de control interno; ahí hay un ente investigador y que no obliga por ley que en este caso el regidor pida licencia. Estamos viendo casos de problemas mucho más graves, como el del senador Adán Augusto, que acaban de vincularlo en temas penales y no pidió licencia. Y si pedimos que la investigación se haga sin ningún tinte político y que se aclare”, expuso.
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— PotosíNoticias (@Potosinoticia01) August 12, 2025
Aclaró que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, no puede iniciar la investigación, ya que el proceso es directamente en el órgano de control interno y, “una vez que concluya esta investigación podrán tomar una postura el IFSE, pero deben de ser muy respetuosos de la autonomía municipal que establece el artículo 115 Constitucional, en este proceso”.
El legislador panista manifestó que se ha enterado del caso por los medios de comunicación, donde se ha ventilado esto, “pero desconozco si ya se inició la investigación por parte de la Contraloría del municipio; que se haga la brevedad y se llegue a una determinación clara y precisa”.
Puntualizó que la separación del cargo es una decisión muy personal y no se le puede solicitar, “pero si se le puede exhortar al órgano de control interno que se lleve a cabo la investigación con máxima publicidad, transparencia y apegada a derecho y que resuelva; no digo rápido porque la investigación se tiene que hacer bien, con la documentación, y que al final se resuelva esto con mucha transparencia”.
Agregó que las víctimas pueden denunciar de forma administrativa directamente en el municipio y penal en la Fiscalía General del Estado.