A más de tres semanas de haberse anunciado públicamente el programa piloto de educación sexual integral “En Buen Plan”, el gobierno de Guanajuato que encabeza Libia Denisse García Muñoz Ledo, no han brindado información clara, verificable ni accesible sobre su contenido, alcance, responsables y costos del programa. La opacidad del gobierno del estado ha generado alarma y preocupación entre padres de familia, organizaciones civiles y diferentes sectores religiosos y de la sociedad civil.
Ante esta falta de respuesta oficial, se promovió una demanda de amparo por violación al derecho de petición, interpuesta por ciudadanos preocupados por la nula información que existe, luego de que su solicitud de transparencia —presentada el 17 de julio de 2025 a través de la Plataforma Nacional de Transparencia— no fuera atendida en tiempo ni forma por el ejecutivo estatal. Dicha solicitud pedía información fundamental: el proyecto completo, convenios suscritos, criterios de selección de escuelas, recursos públicos asignados e indicadores de evaluación.
En este contexto, Manuel Arroyo de la Unión de Padres de Familia de Guanajuato, en representación de Padres de Familia de los municipios donde quieren aplicar el programa piloto como Romita y Silao, exhortó al Gobierno del Estado a no implementar ningún programa sin que exista previamente una ruta clara de información pública o canales de diálogo con las comunidades escolares y salvaguardas frente a cualquier imposición ideológica. Cualquier iniciativa educativa — afirman— debe estar fundada en la verdad del ser humano, respetar el derecho de los Padres de Familia y favorecer un diálogo abierto entre gobierno y Familia.
“Demandamos a la gobernadora Libia García Muñoz Ledo no implementar programas piloto de educación sexual, dado que los menores de edad no deben ser nunca sujetos de experimentos, y mucho menos de laboratorios ideológicos”, reclamó Manuel Arroyo.
Agregó que el proceso ha estado marcado por la opacidad y falta de transparencia por parte del gobierno del estado. No se ha entregado información solicitada vía transparencia, lo que viola la ley y da un mal ejemplo de gobernanza. Además de que el programa de educación sexual fue armado sin consulta pública y en lo oscurito.
“Nunca se involucró a los padres de familia, que son los principales formadores, tampoco se involucró a especialistas serios en temas de educación sexual y el resultado es un programa de educación sexual sesgado”, demandó Fátima Ávila, joven del Frente Nacional por la Familia.
La educación sexual de menores de edad no puede implementarse sin diálogo, sin consulta a las familias, y mucho menos con opacidad, “estamos a favor de la educación sexual a menores, pero que se eduque de acuerdo a su desarrollo evolutivo, acorde a la edad y desarrollo físico de los jóvenes y niños, que esté encaminada a ser mejor persona y a la realización personal con un proyecto de vida y no un adoctrinamiento como lo quiere promover la gobernadora Libia García Muñoz Ledo”, denunció Uriel Esqueda de Actívate.
Agregó, que en el actual contexto que vivimos de profundos cambios y transformaciones, la sociedad civil guanajuatense hace un llamado urgente a las autoridades a promover una educación sexual integral que responda a la dignidad de la persona humana de las niñas y niños del estado.
Por su parte, Leonardo Alvarado Zamudio, de Abogados Cristianos, dijo que con este programa piloto, la gobernadora está entregando el estado a Morena y a un grupo minoritario con intereses ideológicos y políticos que pretende martillar los valores más importantes de las familias guanajuatenses.
Recordó que en el Congreso Federal todos los partidos aprobaron en la Ley General de Educación, en el artículo 34, se instruya para que en los estados se instalen consejos de participación escolar, donde los padres de familia y otros actores de la sociedad civil participen juntos para tomar las mejores decisiones en temas tan importantes como este de la educación sexual a menores.
Finalmente, informaron que este llamado a la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo, no pretende frenar iniciativas educativas, sino exigir transparencia, legalidad y respeto a los derechos de participación de las familias. La omisión informativa vulnera el derecho constitucional de petición y sienta un precedente preocupante sobre la relación entre el gobierno y la ciudadanía.
Información tomada de un boletín de prensa.