Marcela Loyola
Los diputados locales de San Luis Potosí se hacen llamar “representantes populares”, pero en realidad solo representan sus propios intereses y los de sus partidos, criticó la organización Ciudadanos Observando, al firmar que están completamente desconectados de la ciudadanía y de la realidad, “viven en una burbuja de privilegios, actuando con soberbia y sordera ante las verdaderas exigencias sociales”.
El vocero de la organización, Guadalupe González dijo que, los diputados de la LXIV Legislatura, se distingue no por su trabajo, “sino por su abuso del poder, su falta de compromiso con los acuerdos ciudadanos, y su tendencia a legislar con ocurrencias. Ignoran propuestas legítimas que vienen desde la sociedad civil, mientras algunas diputadas pareciera que se dedican a auto legislar y otros simplemente pasan desapercibidos, con una productividad legislativa nula”.
Expuso que, no les interesa combatir la corrupción ni la impunidad, “no impulsan reformas para sancionar con firmeza a servidores públicos que malversen recursos. Prefieren mantener leyes débiles, que hoy por hoy, son una invitación abierta a robar: quien comete un delito sabe que difícilmente enfrentará consecuencias reales. Se niegan a discutir con seriedad este tema, como si temieran que una reforma efectiva pudiera alcanzarlos a ellos mismos”.
El activista puntualizo que, una exigencia ciudadana clave es ampliar los plazos de prescripción para delitos contra el patrimonio del estado que ha sido ignorada deliberadamente, “¿Por qué? ¿Temen que el largo brazo de la ley algún día toque sus propios intereses?”.
Indicó que, además hay leyes urgentes y necesarias como es la Ley de Movilidad que se siguen aplazando, “es urgente modificarla para imponer sanciones severas a los permisionarios que operan unidades fuera del plazo legal —más de diez años de uso— o que colocan publicidad electoral ilegal. También deben castigarse a las autoridades que permiten estas irregularidades, porque ahí radica gran parte del problema: impunidad institucional”.
Añadió que, la Comisión de Vigilancia del Congreso, encargada de supervisar la ejecución de los recursos públicos, se ha convertido en cómplice del desvío de fondos. Junto con el Instituto de Fiscalización Superior del Estado —que solo cambió de nombre, pero no de prácticas—, pues permite que la opacidad siga reinando.
“Urge una reforma profunda a la Ley de Auditoría: eliminar los vacíos legales que permiten a los corruptos evadir sanciones, reducir los plazos para solventar observaciones y establecer castigos reales para quienes no cumplan. Hoy, todo está diseñado para proteger a los infractores”, reprobó.