Marcela Loyola
“La profesión política es una de las más desacreditadas, nos perciben deshonestos, mentirosos y codiciosos, a diferencia de los médicos, las enfermeras o los bomberos, que se les atribuye ser valientes, confiables y serviciales”, reconoció el diputado de Morena, Emilio Rosas Montiel, quien aseguró que, aún se pueden ganar el respeto de la sociedad al cumplir y lograr la prosperidad compartida.
Así lo dijo durante su primer informe legislativo, donde afirmó que, uno de los objetivos es dignificar la política, para servir a San Luis Potosí y a los potosinos, por ello desde el Congreso del Estado ha buscado legislar en beneficio de todas y todos los ciudadanos.
Indicó que, en cuando a movilidad la ciudadanía quiere soluciones, por ello ha trabajado con el Colectivo Pedaleando SLP y en una Iniciativa Ciudadana de Ley, la #LEYSANTI, una nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial que dé solución al problema de movilidad que se tiene en San Luis Potosí.
“Para ejercer el derecho al trabajo digno se necesita poder llegar a tiempo y dignamente a nuestros trabajos. Lo mismo con el derecho a la educación y el derecho a la salud, se tiene que llegar a las escuelas y a los centros médicos. Y para ejercer el derecho a la vivienda digna hay que poder regresar a nuestros hogares con seguridad y dignidad. El derecho a la inclusión de las personas con discapacidad también requiere que las calles y el transporte público garanticen su accesibilidad”, expuso.
El diputado recordó que, en San Luis Potosí la principal causa de muerte de los jóvenes potosinos son los accidentes viales, “en el 2023, se registraron, por ejemplo 6 mil 775 siniestros viales” y, aunque han encontrado resistencias internar en el Congreso de si es pertinente o no crear una nueva ley, desde noviembre de 2022, había terminado el plazo de 180 días para homologar la Legislación Potosina con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
“Existía una corriente que pugnaba por Reformar quirúrgicamente las 11 Leyes que influyen sobre el tema y así, darle la vuelta al trabajo de expedir una nueva Ley y al gasto presupuestal para llevar a cabo las consultas públicas requiere”, consultas ciudadanas que siguen detenidas.
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