Por Potosí Noticias
Han pasado siete años desde que se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en San Luis Potosí, y aunque el mecanismo ha generado protocolos, fiscalías especializadas y mayor visibilidad del problema, los feminicidios siguen marcando cifras preocupantes en la entidad.
La solicitud de alerta fue presentada en 2015 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y en junio de 2017 la Secretaría de Gobernación la declaró para seis municipios: San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Matehuala, Tamazunchale y Tamuín. El propósito era claro: emprender acciones urgentes para frenar la violencia feminicida y garantizar la seguridad de mujeres y niñas.
Desde entonces se han implementado protocolos de investigación con perspectiva de género y campañas de prevención. Sin embargo, organizaciones civiles y especialistas coinciden en que los resultados han sido insuficientes: mientras la burocracia avanza, los crímenes contra mujeres continúan y en muchos casos la impunidad prevalece.
Cifras de los últimos cinco años
Los registros oficiales muestran que, pese a la alerta, los feminicidios no han desaparecido:
• 2020: 27 casos.
• 2021: alrededor de 24 casos. • 2022: 14 casos, lo que representó una disminución de 40% respecto al año previo.
• 2023: 11 casos.
• 2024: 12 casos, entre ellos víctimas niñas y adolescentes.
Estos números reflejan altibajos, pero no una reducción sostenida que permita hablar de un impacto contundente de la alerta.
Efectividad cuestionada
Colectivos feministas han señalado que la Alerta de Género ha servido para visibilizar la problemática, pero no para erradicarla. Critican la falta de recursos suficientes, la débil coordinación institucional y los vacíos en la procuración de justicia. Incluso, advierten que levantar la alerta en algunos municipios sería irresponsable mientras los feminicidios sigan presentes.
“El hecho de que sigamos contando feminicidios después de siete años demuestra que la alerta por sí sola no basta. Se requiere voluntad política, justicia efectiva y un compromiso real con las mujeres potosinas”, señaló una activista consultada por este medio.
El reto pendiente
San Luis Potosí enfrenta el desafío de fortalecer las investigaciones, garantizar atención y refugio a las víctimas, y sobre todo, reducir los niveles de impunidad. Mientras tanto, la Alerta de Género permanece como un recordatorio de que la violencia contra las mujeres no ha sido resuelta y que el Estado tiene aún una deuda pendiente con ellas.