Marcela Loyola
Después de tres meses y un día de estar en un penal federal de máxima seguridad en el estado de Veracruz acusado de terrorismo, sabotaje y delincuencia organizada, el defensor de los pueblos Pame y Tenek en la Huasteca potosina, Miguel Ángel Guzmán Michel solicitó al gobierno de Ricardo Gallardo Cardona protección por posibles ataques en su contra por parte de caciques y empresas de la región a quienes responsabilizó de fabricar los delitos en su contra por afectar sus intereses económicos.
#SLP Miguel Ángel Guzmán Michel solicitó al gobierno de Ricardo Gallardo Cardona protección por posibles ataques en su contra por parte de caciques y empresas de la región a quienes responsabilizó de fabricar los delitos en su contra por afectar sus intereses económicos. pic.twitter.com/PmGsB0ZVCe
— PotosíNoticias (@Potosinoticia01) October 7, 2025
“Pedimos seguridades para mi persona tanto en mi integridad física como en posibles represalias que se pudieran tomar dentro del estado en mi contra, porque tenemos conocimiento de otro que estaba en la averiguación y que inmediatamente saliendo del penal fue detenido con orden de aprehensión girada desde Chiapas, existe el temor que estando yo en San Luis Potosí me hagan cambiar nada más de prisión de una federal a una estatal”, declaro en rueda de prensa.
Acompañado de líderes de organizaciones sociales de la entidad y de la Ciudad de México, el catedrático de la UASLP en el campus Huasteca, acudió a Palacio de Gobierno donde le fue recibida la petición de protección y posteriormente se trasladó al edificio de Rectoría de la UASLP donde sostuvo una reunión con autoridades y la Defensoría de los Derechos Universitarios.
Guzmán Michel detalló que es uno de 39 señalados por un testigo protegido de que en el 2007 como miembros de un grupo guerrillero colocaron explosivos en instalaciones y ductos de Pemex, pero gracias a la presión de las organizaciones sociales y de que la UASLP acreditó que en esas fechas estaba dando clase, fue que finalmente tras más de 90 días de tortura logró su libertad.
Acusó al Juez Segundo de Distrito con sede en Veracruz de actuar por consigna en su contra, así como a un abogado que busca la venta de tierras de la comunidad La Palma, municipio de Tamasopo, a ambos de obedecer las órdenes de quienes quieren detener su lucha en favor de la causa indígena.
“Hay empresas y caciques muy interesados en explotar las riquezas naturales de este estado, particularmente en la Huasteca, los minerales, hay empresas mineras, una empresa cementera que también está muy interesada, en los juicios hemos tenido una buena actuación, pero nos hemos convertido en algo incómodo para ellos, como no pueden por el derecho, por las buenas, decidieron dar un golpe a su servidor enviándome a un lugar donde además se puso en peligro mi salud”, subrayó.
Por ello, a partir del 20 de noviembre iniciará una serie de foros en todo el país para configurar una iniciativa de ley que denominó “Ley del Punto Final” con la que pretende lograr que se termine de una vez la criminalización de la lucha social y la protesta social y, obtener amnistía general para excarcelar a personas privadas de su libertad que están en con alguna enfermedad en etapa terminal, que han demostrado que sus confesiones fueron obtenidas bajo tortura.
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“Vamos a hablar con todos los poderes de la Unión para que se conceda la excarcelación de muchos casos, que se revisen expedientes donde está corroborados torturas, presos que ya cumplieron su pena, me tocó el caso de un preso que sufre de sus facultades mentales, pero se niega el juez a sacarlo de ahí”, lamentó.