Marcela Loyola
Padres de familia que perdieron a sus hijos en el antro “RICH”, exigieron públicamente a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí que amplíe las investigaciones para incluir a los servidores públicos que, por acción u omisión, permitieron las condiciones que derivaron en el fatal incidente.
Lo anterior, a más de un año de la tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en el antro “RICH”, ubicado en la Plaza Altus, donde se registró el desplome de una baranda de cristal que, provocó que varios jóvenes cayeran desde un tercer piso, con el saldo de dos adolescentes fallecidos y al menos 15 heridos.
Los padres de familia de las víctimas señalaron que, la tragedia dio origen a una carpeta de investigación, en la que actualmente solo se han señalado a tres personas relacionadas con la propiedad y operación del establecimiento, por ello, exigen que se analice la responsabilidad de los particulares, ya sujetos a proceso, así como la de los servidores públicos encargados de otorgar permisos, supervisar medidas de protección civil y regular la venta de bebidas alcohólicas.
“No se trata únicamente de un negocio que operaba fuera de la ley, sino de una cadena de omisiones de funcionarios que tenían la obligación de vigilar y prevenir. Exigimos que la Fiscalía actúe con firmeza contra todos los responsables, sin excepción”, expresaron los padres en un documento entregado a la autoridad estatal.
Los familiares recordaron que, en la misma carpeta de investigación se incluye la resolución de la Contraloría Interna Municipal, donde se estableció la responsabilidad de diversos servidores públicos por la falta de supervisión y control.
“Estos hechos no pudieron ocurrir sin la intervención activa o la omisión de autoridades municipales y estatales. Ignorar esta realidad sería negar lo que los propios antecedentes del caso demuestran”, señalaron.
A pesar de ello, a un año y cuatro meses del inicio de la investigación, ningún funcionario ha sido llamado a declarar, y no existen avances visibles en esta línea. Esta falta de acción, advirtieron los padres, “envía un mensaje preocupante sobre la impunidad y la falta de justicia en San Luis Potosí”.
Los familiares enfatizaron que, el homicidio es un delito que se persigue de oficio, lo que obliga a la Fiscalía a continuar las investigaciones sin limitarse únicamente a los particulares, sino también a los servidores públicos que toleraron irregularidades y permisividad.
“Queremos creer que la Fiscalía comparte nuestro interés en que la justicia sea completa y no parcial. La sociedad merece saber que nadie está por encima de la ley”, afirmaron los padres, quienes advirtieron que no cesarán en su búsqueda de justicia hasta que las autoridades cumplan con su deber.
Los padres de las víctimas pidieron que la Fiscalía informe qué acciones concretas se han realizado para investigar y proceder contra los servidores públicos involucrados. Asimismo, reiteraron su confianza en que la institución actuará con transparencia, objetividad y sensibilidad humana frente al dolor que sigue marcando a las familias potosinas.
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“A nuestros hijos no los devolverán, pero el silencio de las autoridades no puede convertirse en cómplice. Exigimos verdad, justicia y memoria. Que esta tragedia no quede impune”, concluye el comunicado.