Ayer, estudiantes de la Facultad de Economía salieron a las calles para exigir justicia tras una denuncia de abuso sexual contra un profesor que, según testimonios, agredió a una alumna dentro de su cubículo el pasado 8 de octubre. La protesta, que partió desde la propia facultad, no es un hecho aislado: forma parte de un largo historial de denuncias por acoso, hostigamiento y violencia de género dentro de la institución, muchas de las cuales han sido ignoradas o diluidas sin consecuencias reales.
Los estudiantes señalan que el profesor denunciado ya tenía antecedentes de conducta inapropiada y hostigamiento hacia otras alumnas, acumulando, según cifras estudiantiles, más de 200 posibles víctimas. Aunque fue suspendido temporalmente de la Facultad de Economía, permanece en nómina, y hasta ahora no hay certeza de que enfrente consecuencias proporcionales a la gravedad de los señalamientos. Incluso se ha denunciado que podría seguir impartiendo clases en otras áreas de la universidad.
Este caso reciente ha reactivado el debate sobre la violencia de género en espacios universitarios, un tema que lleva años presente en la UASLP. En 2017, la docente Emma Elisa Menchaca de la Rosa denunció abuso sexual por parte del chofer del entonces director de la Facultad de Derecho. La universidad no solo omitió presentar una denuncia penal, sino que revictimizó a la profesora y la obligó a regresar al mismo entorno laboral. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 7/2020 y, más adelante, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervino por incumplimiento de las medidas de reparación.
Entre 2017 y 2019, la Defensoría de Derechos Universitarios de la UASLP recibió al menos 39 quejas por acoso u hostigamiento sexual. De esas, solo cinco concluyeron en sanciones. En marzo de 2020, estallaron protestas estudiantiles simultáneas en varias facultades. Alumnas de Medicina, Psicología, Economía, Estomatología y otras, exhibieron a docentes acosadores mediante tendederos y denuncias públicas. Las exigencias eran claras: seguridad, justicia, y fin al encubrimiento institucional. La respuesta universitaria fue percibida como tardía y ambigua.
En años más recientes, la institución ha informado de algunas acciones: en 2023, dos docentes fueron despedidos por acoso sexual, y al menos cinco personas han sido sancionadas por violencia de género en esa administración. Sin embargo, los casos continúan acumulándose. Tan solo en los primeros tres meses de 2023, se registraron 182 denuncias de distintos tipos de violencia, según datos internos de la Defensoría.
Pese a estos antecedentes, muchas voces dentro de la comunidad estudiantil señalan que la universidad sigue actuando con opacidad. Hasta el momento, las autoridades de la UASLP no han emitido un posicionamiento público claro sobre el caso de la Facultad de Economía. Tampoco se ha confirmado que el profesor haya sido separado de manera definitiva de su cargo o que se haya iniciado un proceso legal en su contra.
Mientras tanto, estudiantes organizados advierten que no dejarán el tema en silencio. Exigen acciones inmediatas y estructurales: destitución de agresores, protocolos efectivos, atención digna para las víctimas y, sobre todo, que la universidad deje de proteger a quienes ejercen violencia.
La UASLP se promociona como una institución de prestigio académico, pero el manejo de estos casos pone en entredicho sus compromisos éticos. Para muchas de sus estudiantes, el aula ya no es un espacio seguro, y el silencio institucional pesa tanto como las agresiones mismas.