Marcela Loyola
Después de que trascendiera de que un supuesto militante de Morena estaba involucrado en el caso de violación sexual a una estudiante de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Rita Ozalia Rodríguez Velázquez deslindó a su partido de responsabilidades institucionales y aclaró que el joven no pertenece ni a la estructura partidista ni a la organización juvenil oficial.
Este lunes comenzaron a circular denuncias por parte de la comunidad universitaria contra Santiago N. como el perpetrador de la violación sexual y publicaron fotografías de él con chaleco de Morena y lo ubican como dirigente juvenil en el municipio de Villa de Pozos, incluso circula un cartel digital en el que se ostenta Santiago N. como “Secretario General, Delegado Regional Pozos, SLP” (SIC)
“De cara a las versiones que circulan sobre la presunta participación de una persona señalada en este lamentable hecho, dejamos constancia pública de que no cuenta con reconocimiento alguno como militante activo no dirigente de nuestro instituto político a nivel local o nacional y en caso de que participara en actividad alguna, ello no representa respaldo, protección ni cobertura alguna”, afirmó la dirigente estatal en un comunicado en conjunto con el presidente del Consejo Estatal, diputado local Carlos Arreola Mallol.
Sin embargo, en algunos grupos estudiantiles de la Facultad de Derecho lo señalan com o militante activo de MORENA
Rita Ozalia hace un llamado firme a la UASLP y a la Fiscalía General del Estado para que, investigue e informe con claridad y prontitud sin revictmización de la víctima y con plena garantía de derechos humanos.
En una publicación en sus redes sociales, la dirigente de Morena en San Luis Potosí llama a evitar la politización del caso, a no usar el dolor de las víctimas con fines partidistas o de confrontación y exige a las autoridades universitarias y de justicia que actúen con perspectiva de género, transparencia y apego a la ley, determinando las sanciones correspondientes.
Además, respalda a la comunidad estudiantil, especialmente a las mujeres que exigen condiciones seguras y respeto a sus derechos.