San Luis Potosí, SLP.– La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) difundió este lunes un comunicado en el que aseguró que actuará “con firmeza” ante los hechos ocurridos en la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”, donde una estudiante denunció haber sido víctima de violación tumultuaria presuntamente cometida por compañeros de esa entidad académica.
La institución informó que aceptó en su totalidad el pliego petitorio entregado por estudiantes durante la manifestación realizada este lunes en el edificio central, y reiteró su compromiso de “no solapar ningún acto que contravenga los derechos universitarios ni la dignidad de las personas”.
El rector Alejandro Zermeño Guerra aseguró que la universidad acompañará a la víctima en su proceso ante la Fiscalía General del Estado, y que se aplicarán sanciones administrativas contra quienes resulten responsables. “No se va a solapar ningún acto de ningún tipo que sea violatorio a los derechos de ninguna persona”, declaró.
Sin embargo, la postura institucional ha sido duramente cuestionada por la comunidad universitaria y por colectivos feministas, que acusan a la administración de haber actuado con lentitud y de mantener prácticas de revictimización y encubrimiento dentro de sus propios mecanismos internos.
“El comunicado llega por la presión de las y los estudiantes; de otra manera, la UASLP no habría dicho nada. Por años han encubierto a acosadores y minimizado denuncias”, expresó en redes sociales el usuario Jesús Camacho, uno de los tantos comentarios que reflejan la indignación generalizada.
En su posicionamiento, la universidad aseguró que la Facultad de Derecho y la Defensoría de Derechos Universitarios activaron los procedimientos sancionatorios desde que se tuvo conocimiento de los hechos, y que colaborarán con las autoridades judiciales en caso de requerirse material videográfico o evidencia.
Pese a ello, el descrédito hacia los protocolos universitarios y la falta de resultados en casos previos han profundizado el enojo entre el estudiantado, que exige la renuncia de las autoridades involucradas, entre ellas el director de la Facultad, Germán Pedroza Gaytán, y la Defensora de Derechos Universitarios, Magdalena Beatriz González Vega.
La comunidad estudiantil insiste en que la UASLP debe asumir responsabilidad institucional por la omisión en la protección de sus alumnas y por un entorno donde —afirman— la violencia sexual y el acoso se han normalizado.
“Que Zermeño dé la cara, porque la universidad es de los estudiantes”, reclamaron en una de las consignas durante la manifestación.
Mientras tanto, la indignación sigue creciendo dentro y fuera del campus, y las exigencias apuntan no solo a sancionar a los responsables directos del crimen, sino también a transformar una estructura universitaria señalada por su indiferencia y falta de perspectiva de género.