Lo ocurrido en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) —donde una estudiante fue víctima de violación al interior del plantel— ha sido reconocido por docentes y estudiantes como consecuencia de una desatención sistemática y de largo plazo, que no puede atribuirse únicamente a errores individuales o de funcionarios menores.
Especialistas en materia de seguridad consultados señalaron que las deficiencias en los protocolos de vigilancia y prevención dentro de los planteles universitarios van mucho más allá de una falla humana. “Se trata de un problema estructural, que involucra decisiones de inversión, transparencia y uso de tecnología”, explicaron.
De acuerdo con versiones extraoficiales, el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, habría desestimado propuestas de empresas con tecnología de punta para la vigilancia de los espacios universitarios, optando en su lugar por proveedores de bajo costo que no contaban con el perfil ni la experiencia requeridos.
“Existen en el mercado sistemas con cámaras inteligentes y software especializado capaces de emitir alertas, por ejemplo, si un hombre intenta ingresar a un baño de mujeres o si se detectan movimientos inusuales en zonas restringidas”, detalló una fuente vinculada al sector.
El problema, afirmaron, no estaría relacionado con la falta de recursos. “La federación destina fondos específicos a las universidades públicas para seguridad, mantenimiento e infraestructura tecnológica; el tema es cómo se administran y en qué se aplican”, añadieron.
Para docentes y estudiantes, los hechos en Derecho reflejan años de abandono institucional y decisiones que priorizaron la austeridad sobre la seguridad. Mientras tanto, la comunidad universitaria exige que se investiguen no sólo las responsabilidades individuales, sino también las omisiones estructurales que permitieron que un crimen tan grave ocurriera dentro de las instalaciones de la máxima casa de estudios potosina.