El Gobierno de Estados Unidos evalúa imponer un aumento del 100% a los aranceles sobre productos nicaragüenses y considerar la expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y EE.UU. (CAFTA-DR), debido a violaciones reiteradas de derechos humanos y laborales atribuidas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
De acuerdo con un informe publicado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), las acciones y políticas del Gobierno nicaragüense son consideradas “irrazonables” y constituyen un obstáculo directo para el comercio estadounidense. El documento señala que el país centroamericano ha vulnerado derechos laborales, restringido libertades fundamentales y socavado el Estado de Derecho.
Entre las medidas que analiza Washington se incluyen la aplicación de “aranceles adicionales de hasta el 100%” sobre algunos o todos los productos nicaragüenses, ya sea de manera inmediata o gradual en un periodo de hasta 12 meses. Además, la USTR propuso suspender o retirar los beneficios que Nicaragua recibe actualmente bajo el tratado CAFTA-DR, lo que representaría un golpe económico significativo para el país.
El proceso aún se encuentra en etapa de consulta pública. La USTR recibirá comentarios y observaciones hasta el 19 de noviembre, antes de decidir si aplica las sanciones. En febrero pasado, funcionarios estadounidenses ya habían anticipado la posibilidad de revisar la participación de Nicaragua en el acuerdo comercial que, desde su entrada en vigor en 2006, permitió que las exportaciones nicaragüenses hacia Estados Unidos casi se cuadruplicaran.
Las investigaciones formales de la USTR comenzaron el 10 de diciembre de 2024 bajo la sección 301 de la Ley Comercial de 1974, durante la Administración del presidente Joe Biden. El proceso reunió más de 160 comentarios y contó con la participación de testigos en una audiencia pública celebrada el 16 de enero de 2025.
Tras analizar los testimonios y documentos, la oficina estadounidense concluyó que el régimen de Ortega y Murillo “ha cometido o permitido abusos sistemáticos de los derechos laborales internacionalmente reconocidos” y otras violaciones a los derechos humanos, incluyendo actos contra ciudadanos y bienes estadounidenses.
De concretarse las medidas, Nicaragua enfrentaría uno de los mayores aislamientos económicos en su historia reciente.
Con Información de Debate