Kristell Vargas
A un año y cuatro meses de la tragedia ocurrida en el antro Rich, ubicado en la Plaza Alttus, al poniente de la capital potosina donde dos jóvenes murieron y varios más resultaron heridos, los padres de las víctimas continúan exigiendo sanciones contra las autoridades municipales y estatales implicadas en el caso.
En entrevista para Potosí Noticias, Juan Ramón Infante Guerrero, padre de Manuel, uno de los jóvenes fallecidos, informó que familiares de cinco de las víctimas presentaron una demanda civil ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TEJA) contra el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, la administración de la plaza donde se encontraba el establecimiento y contra quienes resulten responsables.
El procedimiento, explicó, es paralelo a la investigación penal que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE), por la cual fueron detenidos Nancy N., Ulises N. y Francisco N., propietarios del lugar donde ocurrieron los hechos, como presuntos responsables.
Infante lamentó que, aunque el Ayuntamiento destituyó a varios funcionarios municipales por omisiones en sus responsabilidades, no se han aplicado sanciones a funcionarios estatales.
Además, denunció que se ha “trabado” el trabajo de la Fiscalía, impidiendo que la investigación avance como debiera: “Sentimos que están restringiendo a la fiscal en sus funciones; no la dejan hacer su trabajo correctamente”, señaló.
LOS RESPONSABLES SIGUEN EN FUNCIONES
El padre de la víctima insistió en que los verdaderos responsables siguen libres y en funciones dentro de dependencias como Protección Civil Estatal, la Dirección de Gobernación y la Coepris: “Hay tres personas detenidas, pero los verdaderos responsables siguen afuera”, condenó.
Infante informó que el próximo 30 de octubre se llevará a cabo la audiencia intermedia del caso, y destacó que su principal exigencia es que también se procese a los funcionarios que otorgaron los permisos y licencias al establecimiento, acciones que, asegura, derivaron en la tragedia que cobró la vida de su hijo y de otro joven.
Aunque reconoce que la investigación ha tenido ciertos avances, subrayó la importancia de mantener la presión para evitar que la corrupción y la omisión de las autoridades continúen frenando la justicia para las víctimas.
LA TRAGEDIA
La noche del viernes 7 de junio de 2024, cientos de jóvenes se congregaron en las inmediaciones de la plaza Alttus para asistir al concierto del cantante originario de Culiacán, Kevin Moreno. Debido al sobrecupo en el lugar, ubicado en el tercer piso de dicha plaza, uno de los barandales de cristal cedió, provocando la caída de varios asistentes desde una altura aproximada de 12 metros. Como consecuencia, dos jóvenes perdieron la vida de manera instantánea: Manuel Alejandro Infante Puente, de 21 años, y Rodrigo Espinosa Alonso, de 17. Además, quince personas resultaron heridas, al menos seis de ellas de gravedad.
Tras los hechos, Nancy N., Ulises N. y Francisco N., propietarios del establecimiento, fueron detenidos como probables responsables. Por parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí, la Contraloría Municipal determinó la separación del cargo de cuatro servidores públicos de la Dirección de Comercio, debido a omisiones en el cumplimiento de sus funciones. En contraste, el Gobierno del Estado no realizó la destitución de ningún funcionario.
Los padres de las víctimas siguen esperando justicia.