Kristell Vargas
Este viernes se reportó un supuesto robo en las oficinas de la Delegación del Bienestar en San Luis Potosí, ubicadas sobre la avenida Fray Diego de la Magdalena, en la capital potosina. De acuerdo con testimonios recabados de manera anónima por trabajadores de la dependencia, quienes pidieron resguardar su identidad por temor a represalias, señalan que el hecho podría tratarse de un “auto robo” perpetrado desde el interior de la institución.
Los denunciantes señalan a Osmar Rodríguez, presunto responsable del área de Becas y quien, según los testimonios, sería sobrino de la delegada federal Rita Ozalia Rodríguez, así como al delegado Guillermo Morales, a quienes acusan de haber desviado recursos del programa para beneficios personales. De acuerdo con las fuentes, dichos fondos habrían sido justificados bajo el argumento de apoyar proyectos políticos ligados a Morena, aunque los empleados aseguran que los recursos “no se reflejan en ningún proyecto visible”.
Además, los trabajadores describen un ambiente laboral hostil en las instalaciones, donde “se respira acoso laboral por parte de los directivos”. Aseguran que el personal directivo “disfruta de banquetes diarios” en las oficinas del tercer piso, mientras que “Don Javier, el encargado de limpieza y mantenimiento, es visto cargando bolsas con comida para los directivos”.
Una de las denuncias que más ha causado indignación entre los empleados es la presunta instalación de cámaras de vigilancia incluso en los sanitarios, lo que consideran una violación a la privacidad del personal. “Curiosamente, las cámaras estaban descompuestas justo el día del robo”, afirmó una fuente interna.
Hasta ahora, la Delegación del Bienestar en San Luis Potosí no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente ni sobre las acusaciones contra los funcionarios señalados.
Los trabajadores afirman que en los próximos días harán llegar más información sobre presuntos desvíos en los programas “La Escuela es Nuestra”, “La Clínica es Nuestra” y “El Fais”, lo que, de confirmarse, agravaría la crisis de confianza dentro de la dependencia federal.