La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que 19 personas —entre ellas un menor de edad— enfrentan procesos penales tras los disturbios registrados durante la manifestación del 15 de noviembre de la Generación Z. De acuerdo con la institución, los detenidos están siendo investigados por diversos delitos que van desde daños a la propiedad y lesiones hasta tentativa de homicidio en tres casos, en los que se señalan agresiones directas contra elementos policiales.
Este no es el único caso en el que autoridades recurrieron al delito de tentativa de homicidio para señalar a participantes de manifestaciones en la Ciudad de México. En 2014 y 2021 se presentaron cargos similares contra dos personas que participaron en movilizaciones en la capital del país.
Acusaciones por tentativa de homicidio, ya usadas en otras manifestaciones
Aunque estos nuevos casos han generado debate, no son un antecedente aislado. En 2014, durante las protestas por Ayotzinapa, la tensión escaló después del incendio de la puerta de Palacio Nacional. En ese momento fueron detenidas entre 17 y 18 personas, y algunas carpetas de investigación incluyeron señalamientos por delitos graves, entre ellos tentativa de homicidio.
La jornada del 20 de noviembre de ese mismo año también terminó con 31 detenidos —incluidos extranjeros—, lo que reforzó el uso de esta imputación como herramienta jurídica en contextos de protesta social.
Entre los casos más conocidos estuvo el del ciudadano chileno Laurence Maxwell, quien fue trasladado al penal federal de Villa Aldama, en Veracruz. y posteriormente liberado cuando se retiraron cargos de terrorismo y tentativa de homicidio. El procurador general de Justicia del entonces Distrito Federal era el doctor Jesús Rodríguez Almeida.
Un episodio similar se vivió en 2021, durante el llamado ataque gasero. En una protesta del Gremio Gasero Nacional, uno de los participantes abrió la válvula de una pipa y dirigió una nube de gas LP hacia los policías que intentaban liberar las vialidades bloqueadas. La Fiscalía, entonces encabezada por Ernestina Godoy Ramos, abrió una carpeta por tentativa de homicidio y ataques a la paz pública, al considerar que la acción pudo derivar en una explosión de consecuencias fatales.
Aunque el gasero fue vinculado a proceso y se le impuso prisión preventiva oficiosa por un mes mientras se cerraba la investigación complementaria, no hay información pública sobre la sentencia que se le dictó tras ese periodo.
Con información de: Uno TV