Perla Ponce
La inseguridad y la violencia contra las mujeres no solo generan un impacto social y emocional; también frenan su participación laboral y limitan el crecimiento económico del estado. El miedo a ser víctima de acoso o delito, especialmente en el transporte público, restringe su movilidad y reduce su acceso a mejores oportunidades de empleo.
Organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) han documentado que la prevalencia de delitos contra mujeres está directamente relacionada con su menor integración al mercado laboral formal. El temor al acoso en el transporte público obliga a muchas a evitar ciertas rutas, horarios o zonas, lo que reduce significativamente su abanico de opciones laborales.
Las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), muestran que el transporte público es percibido como uno de los espacios más inseguros en la capital potosina, especialmente por mujeres. Este miedo modifica rutinas, limita actividades y en ocasiones obliga a depender de terceros o a pagar servicios más costosos de traslado, disminuyendo así su ingreso disponible.
Estas barreras no solo llevan a aceptar empleos peor pagados o cercanos al hogar, sino que en casos extremos provocan la renuncia a la participación en la fuerza laboral. Esto afecta directamente la autonomía económica de las mujeres y representa una pérdida para el desarrollo económico de San Luis Potosí.
Algunos municipios han implementado acciones como botones de pánico o protocolos de vigilancia en rutas específicas, pero su cobertura es limitada y requiere evaluación constante para medir su efectividad. De igual forma, es necesario que las empresas adopten protocolos contra el acoso y ofrezcan flexibilidad laboral que permita a las mujeres trabajar sin poner en riesgo su seguridad.
Vista desde la economía, la violencia de género deja de ser solo un problema social: se convierte en una barrera estructural para la competitividad de San Luis Potosí. Invertir en movilidad y espacios seguros no es solo una obligación institucional, sino una condición indispensable para el crecimiento del estado.