Marcela Loyola
La madre de Adriana Martínez Campuzano, una de las cinco víctimas de Filiberto “el feminicida de Tamuín”, Sandra Campuzano se presentó en los juzgados para exigir avances en el expediente de su hija, al denunciar que no recibido información por parte de los abogados del Estado ni del Ministerio Público, al grado de desconocer que había una amparo y por eso no se le dicta sentencia.
Expuso que, la carpeta de investigación del feminicidio de su hija permaneció prácticamente detenida desde 2021 debido a un amparo que nadie había informado ni atendido, por lo que debido a la falta de comunicación se ha visto obligada a viajar desde Guanajuato para conocer de primera mano qué ocurre.
Adriana Campuzano reprobó que, la desatención se ha repetido desde que inició la búsqueda de su hija de apenas 13 años hace más de una década, pues en aquel entonces enfrentó burlas, indiferencia y trabas por parte de autoridades locales, lo que la obligó a apoyarse en habitantes del municipio de Tamuín y en medios de comunicación para continuar las labores de búsqueda. La menor fue localizada asesinada años después, pero a la fecha no se ha dictado sentencia contra el acusado, quien permanece recluido en un penal federal de Durango.
La madre explicó que el procesado confesó en su momento la serie de asesinatos, y condujo a peritos a los lugares donde se localizaron otras víctimas, pero esa admisión no se ha traducido en una resolución judicial, además que, en los expedientes más antiguos, como el de su hija y el de quien sería la primer víctima, Rosita, los hechos fueron tipificados como homicidio y no como feminicidio, debido a las normas procesales vigentes en aquel momento, lo que también ha complicado el avance jurídico.
Reprobó que, hace apenas dos meses el expediente fue trasladado a un nuevo juzgado y que una jueza se encuentra revisando por primera vez todo el historial del caso, pero nunca fue notificada del cambio ni de la reorganización de carpetas, y cuestionó que las autoridades responsables, de que no le hayan brindado acompañamiento ni asesoría legal oportuna. Además, denunció que, ni los abogados de atención a víctimas le solicitaron firmar documentos hasta hace algunas horas, pese a que ella lleva años solicitando representación adecuada.
Añadió que, el temor principal de las familias es que el hombre recupere su libertad debido a la ausencia de sentencias, a los amparos promovidos por la defensa y a la constante rotación de jueces, fiscales y funcionarios encargados del caso, ya que cada cambio obliga a reiniciar trámites, retrasando aún más el proceso y dejando los expedientes sin movimiento durante largos periodos.
Sobre el caso, la jueza de ejecución de penas, Rosa Elena Blanco Ríos explicó que, en la situación procesal del acusado, identificado como Filiberto N aún no se han emitido sentencias porque existen recursos de apelación y amparos presentados por la defensa que deben resolverse antes de avanzar a la etapa final, puesto que, dictar resolución sin considerar estos recursos constituiría una violación al debido proceso y que el juzgado debe esperar las contestaciones oficiales provenientes del penal federal donde se encuentra recluido.
La jueza aseguró que, no existe posibilidad de que el acusado sea liberado en este momento, pues continúa sujeto a proceso en cada una de las causas penales, todas con auto de formal prisión y una vez superada la etapa de impugnaciones, las sentencias se emitirán de manera individual por cada víctima, con penas que podrían alcanzar varias décadas, dependiendo de la clasificación jurídica final.
El 24 de mayo del 2011, Adriana salió de su casa a las 6:30 de la mañana para ir a la escuela, pero nunca llegó. El 11 de junio del 2011, se localizó su cuerpo en un cañaveral de “Puntilla” sobre una colchoneta, amordazada con un calcetín, con señales de estrangulamiento y de violencia física y sexual.