Marcela Loyola
Después de celebrar haber ganado un nuevo amparo para que un estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), no pague cuota de inscripción, el Colectivo Praxis Combativa (CPC) dio a conocer que, replantearan su estrategia legal con el fin de que todos los niveles de gobierno se hagan responsables de la gratuidad de la educación superior.
Esto, luego de la reciente resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el Amparo en Revisión 305/2025, donde se confirmó la sentencia que ampara y protege a la estudiante, lo que obliga a la UASLP a no cobrar cuotas y a reintegrar el dinero de inscripción, como ya había sucedido en otros juicios.
En rueda de prensa los abogados, David Reyes Medrano y David Cibrian Geronimo señalaron que, esta decisión tiene un alcance positivo inmenso al ratificar de forma definitiva que el derecho a la educación superior gratuita es de aplicación inmediata, sin limitantes o gradualidades y sienta un precedente que se extiende a todas las instituciones de educación superior del país, donde seguramente se comenzarán a promover amparos similares.
#SLP El Colectivo Praxis Combativa buscará que se le destine mayor presupuesto a la educación superior pic.twitter.com/v4uo1ppzro
— PotosíNoticias (@Potosinoticia01) December 3, 2025
Puntualizaron que, esta victoria es parcial, pues en los juicios que han promovido señalan a autoridades responsables del inacceso a la educación superior gratuita al Poder Ejecutivo Estatal, el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y, la Secretaría de Educación Pública Federal, pero aunque en las sentencias se reconozca la omisión de estas autoridades para hacer las gestiones presupuestarias necesarias y garantizar la gratuidad, lamentablemente, en los efectos del amparo solo se ordena dejar sin aplicación el cobro de las fichas de pago, como también sucedió en este caso paradigmático.
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“El Poder Judicial aún no ha dado el paso crucial de obligar a las autoridades a destinar los recursos necesarios. Nuestra Estrategia es exigir el presupuesto”, puntualizaron.
Los activistas del colectivo Praxis Combativa manifestaron que, este tema requiere un compromiso presupuestario real de estas autoridades para garantizar la educación gratuita con presupuesto y voluntad política.
Por eso, ahora la lucha evolucionará: a una presión Jurídica Presupuestaria, promoviendo nuevos juicios de amparo, pero enfocados en presionar para que se destine el presupuesto necesario y se cumpla cabalmente con el mandato constitucional y, propondrán una Iniciativa de Reforma que garantice un porcentaje mínimo del presupuesto total para la educación, en concordancia con los parámetros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la UNESCO, al reconocer el déficit presupuestario podría afectar el sostenimiento de la UASLP y otras instituciones de educación superior.