Marcela Loyola
Catedráticas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), condenaron que, profesoras y profesores pretendan “extrañar” la actuación del Consejo Directivo Universitario (CDU) en el procedimiento extraordinario de designación de persona titular de la Dirección, cuando es el máximo órgano de gobierno de la Máxima Casa de Estudios Potosina y denunciaron violencia política de género por parte de sus propios compañeros.
A través de un escrito, las catedráticas Edith Argüelles Barrientos, Xochithl Guadalupe Rangel Romero, Violeta Mendezcarlo Silva, María Suhey Tristán Rodríguez, Carla Monroy Ojeda y Roxana Abigail Montejano Villaseñor precisaron que, el CDU es la máxima autoridad de gobierno de la UASLP y, conforme al Estatuto Orgánico, es el órgano competente para conducir y decidir este proceso.
Expusieron que, cuestionar dicha intervención no solo es una inconsistencia jurídica: es un ataque frontal a la institucionalidad universitaria, “la figura de “extrañamiento” dirigida al órgano que se encuentra resolviendo es normativamente inexistente y, por tanto, jurídicamente improcedente. Convertir la discrepancia en un mecanismo de presión política compromete la imparcialidad del procedimiento y constituye una violación al deber de legalidad que nos rige a todas y todos quienes pertenecemos a esta institución”.
Agregaron que, además se suma un hecho aún más grave: “en el tercer punto del oficio se insulta y estigmatiza a integrantes de nuestra comunidad, calificándose como “minoría ruin, mezquina, descarada e injustificada”. Ese lenguaje no solo es éticamente reprobable: es violencia directa contra quienes hemos defendido la legalidad del proceso”.
Las inconformes puntualizaron que, no se trata de una violencia neutra. “Las agresiones se dirigen específicamente a mujeres que hemos participado legítimamente en la vida pública universitaria, ejerciendo derechos reconocidos por la Constitución y la legislación universitaria. Eso se tipifica claramente como violencia política de género, y que provenga de docentes de Derecho exacerba su gravedad institucional”.
Denunciaron que, la Facultad de Derecho “continúa siendo un espacio donde denunciar implica exponerse, y donde la presión social y el hostigamiento buscan disciplinar a quienes se atreven a romper la inercia del silencio y la complacencia. Nuestra postura es firme: Incomodar al poder sigue teniendo costos en esta Facultad, pero guardar silencio es lo que perpetúa la violencia”.