El programa gubernamental que buscaba impulsar a los pequeños caficultores terminó beneficiando principalmente a Catoex, contratada para maquilar el Café del Bienestar. Esta firma pertenece a una familia vinculada con Javier Duarte de Ochoa, quien para este reportaje explica su relación con estos empresarios. Mientras Catoex obtuvo millones de pesos con este proyecto gubernamental, a los productores se les impuso un pago inferior a sus costos de producción.
La empresa contratada para maquilar el Café del Bienestar, por hasta 118.7 millones de pesos, pertenece a una familia de empresarios que en 2013 constituyó Grupo Empresarial Pertenezco con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa- preso desde 2017- y decenas de empresarios más. Asimismo, poseen vínculos con Empacadora La Merced, S.A. de C.V., una de las empresas ligadas al desfalco multimillonario de Segalmex.
En entrevista para este reportaje, Duarte explicó que su participación como fundador de dicha razón social, junto a prominentes empresarios de Córdoba- Orizaba, Veracruz, fue con el objetivo de crear un hospital privado; proyecto que nunca se llevó a cabo. El exgobernador niega que su participación en esta sociedad anónima signifique ser socio actual de alguno de los participantes. “Lo que hagan o dejen de hacer no tiene absolutamente nada que ver con mi persona”, afirmó en llamada telefónica con este equipo de periodistas.
Esta investigación explora los vínculos del político preso y los integrantes de la empresa ganadora del contrato para maquilar el Café del Bienestar.
Este año, Café Tostado de Exportación, S.A. de C.V. (Catoex) se encargó de solubilizar el café del programa y envasarlo en presentaciones de 50, 90 y 205 gramos. Pero además, no tuvo que concursar por el contrato. Le fue asignado por adjudicación directa, luego de que el gobierno invitó a tres empresas que pertenecen a familias veracruzanas históricamente asociadas entre sí: Catoex, Cafiver, S.A. de C.V. y Cafés Finos de Córdoba, S.A de C.V. (Cafinco).
Según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las dependencias deben abstenerse de adjudicar contratos a quienes hayan competido en el mismo procedimiento con otras empresas con las que mantienen vínculos, pues estos casos permiten a la autoridad presumir una simulación de competencia en los procesos de contratación pública.
El fundador de Catoex, ya fallecido, fue investigado en España por presuntamente financiar su negocio cafetalero con dinero ilícito, El fundador de Catoex, ya fallecido, fue investigado en España por presuntamente financiar su negocio cafetalero con dinero ilícito, de acuerdo con una investigación del periodista Esteban Urreiztieta publicada en El Mundo. También estuvo en prisión por fraude al Instituto Mexicano del Café (Inmecafe).
Sus herederos, en cambio, han sido objeto de grillas locales principalmente por sus vínculos con partidos políticos.
Paradójicamente, mientras el Café del Bienestar se convirtió en un negocio de millones de pesos para Catoex, los pequeños productores de café– a quienes el programa debía apoyar– terminaron, en los hechos, subsidiando una parte de este programa.
Según entrevistas para este reportaje, a los caficultores se les impuso un precio más barato por su producto para la marca del Bienestar. Inicialmente, el gobierno ofreció 75 pesos por kilo de café pergamino, cuando el costo de producción ha sido de más de $100 por kilogramo. En octubre, la oferta aumentó a 100 pesos, pero sigue siendo insuficiente para que los caficultores puedan tener ganancia, según compartieron.
Al mismo tiempo, durante esta investigación, se identificó que Catoex habría cobrado un sobreprecio por frasco de café. A otros clientes, con pedidos de unas 80 toneladas, les ha cobrado alrededor de 14 pesos por procesar un frasco de 50 gramos. Sin embargo, a Café del Bienestar le cobró casi 19 pesos por la misma presentación, aunque el volumen contratado fue mayor, de 2,077 toneladas, lo que usualmente reduciría los costos.
Aunado a esto, el diseño e implementación del programa han mostrado otras fallas para los caficultores consultados: el volumen de granos adquiridos para este programa ha sido insuficiente para mantener abastecidas las tiendas también llamadas del Bienestar, y aún menos para cumplir con sus objetivos de eliminar intermediarios en la cadena de producción del café.
En su primer año, Alimentación para el Bienestar, la dependencia encargada del programa, se propuso comprar 2,077 toneladas de café para la fase piloto, equivalentes al 0.19% del total producido en el país en 2024, una meta que quedó corta frente a las necesidades del sector.
Café del Bienestar invitó a empresas asociadas entre sí
En abril de este año, Alimentación para el Bienestar invitó a tres empresas a competir y presentar cotizaciones para maquilar el café bajo el sello gubernamental. Las invitadas fueron Catoex, Cafiver y Cafinco, compañías que guardan vínculos entre sí a través de sus socios, según documentos del Registro Público de Comercio.
Tras realizar un análisis de precios, la dependencia otorgó a Catoex el contrato por adjudicación directa DICONSA/CADQ/000849/2025, en mayo de 2025, por una cantidad mínima de $57,134,933.58 M.N. y un monto máximo de $118,718,132.92 M.N. con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.
Las relaciones entre las empresas invitadas a participar en este proceso de contratación son conflictivas con la ley porque, según el artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las dependencias no deben adjudicar contratos a empresas que, habiendo participado en un mismo proceso de contratación, “se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común”. Este tipo de prácticas se evitan porque suelen representar un riesgo de sobreprecios y corrupción, de acuerdo a la extinta Comisión Federal de Competencia Económica.
En este proceso de contratación, Catoex ofreció el servicio de solubilizar el café adquirido por la dependencia y envasarlo, por una cuota de $18.89 M.N. del frasco de 50 gramos, $27.84 M.N. el de 90 gr., y $49.42 M.N. el de 205 gr., aunque en esta investigación fue posible identificar que a otros clientes, con un volumen de producción menor al de Alimentación para el Bienestar, les ofrece el mismo servicio a menor costo: solubilizar y envasar frascos de café en presentación de 50 gramos a 14 pesos la pieza, casi 5 pesos menos que lo ofertado a Café del Bienestar.
Catoex fue fundada en 1971 por empresarios como el fallecido Domingo Muguira Revuelta y Otón Porres Bueno, quien fundó Cafiver S.A. de C.V.
A su vez, José Álvarez Fernández, fundador de la tercera empresa invitada, Cafés Finos de Córdoba, fue socio del padre de Domingo Muguira Revuelta, fundador de Catoex. Lo cual muestra que las tres empresas invitadas a competir por el contrato para maquilar el Café del Bienestar, poseen relaciones entre sí.
Muguira Revuelta falleció en 2019, pero hijos continúan el negocio con Catoex: Mauricio Ricardo Muguira Marenco, como accionista y presidente del consejo de administración; Domingo Muguira Marenco, como tesorero del consejo de administración; y Paulina Muguira Marenco, como apoderada.
Aunque los vínculos entre las familias propietarias de Catoex, Cafiver y Cafinco se originan décadas atrás, las relaciones entre ellas siguen vigentes en la actualidad a través de los herederos de cada dinastía.
Por ejemplo, el actual director comercial de Cafiver, Carlos Eduardo López Romero constituyó dos empresas– Servicios Nacionales de Protección, Custodia y Resguardo, S.A. de C.V. y Embalajes y Plásticos de Córdoba, S.A. de C.V. – en sociedad con Exportadores de Cafés Mexicanos, S.A. de C.V., una empresa controlada por los Muguira Marenco, dueños de Catoex.
En Cafinco ocurre algo similar. La hija de su fundador, María del Carmen Álvarez Zardain, fundó Grupo Empresarial Pertenezco junto con Domingo y Paulina Muguira Marenco, Grupo Empresarial Porres— propiedad de Otón Porres Bueno— y el exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa, detenido en 2017 y sentenciado a prisión en 2018 por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“En el año 2013, siendo yo gobernador del estado, fui convocado por unos empresarios de la zona de donde soy oriundo”, comparte Javier Duarte sobre su participación Grupo Empresarial Pertenezco. De acuerdo con sus dichos, esta razón social no es un consorcio de empresas a pesar de que entre sus fundadores haya otras compañías, así como múltiples empresarios. El objetivo de la sociedad era construir un hospital privado, pero el proyecto se deshizo “al no haber juntado el dinero”. Por lo anterior, Duarte enfatiza que no es socio comercial de ninguno de los involucrados “Lo que hagan las personas que estén ahí es independiente a mí”, ataja y señala que no ha recibido un peso de los contratos públicos otorgados a Grupo Empresarial Pertenezco.
Además de esto, la red de empresas que vincula a Catoex, Cafiver y Cafinco opera dentro de un ecosistema donde figuran proveedores previamente cuestionados. Entre ellos, Empacadora La Merced, S.A. de C.V., señalada por irregularidades en contratos de Segalmex.
Según la periodista Georgina Zerega, Empacadora La Merced obtuvo contratos con Segalmex en 2020 para proveer carne deshebrada, pero no entregó el equivalente a 2.7 millones de pesos que sí le fueron pagados.
En este entramado, Eduardo Álvarez Zardaín, dueño de Cafinco, es tío y socio de José y Alejandro Álvarez Rocha. Ambos hermanos han sido apoderados de Empacadora La Merced, como se observa en el siguiente gráfico. A su vez, el director general de esta empresa, Carlos Eulalio López Astorga, fue apoderado de Catoex y socio de sus dueños en por lo menos otras 10 empresas. Este último es además padre del actual director de Cafiver, cerrando un círculo que conecta a las tres compañías a través de cargos directivos y lazos familiares.
Al consultar a Cafiver sobre los señalamientos anteriores, la empresa contestó: “Otón Porres no tiene relación alguna con la empresa Café Tostado de Exportación (Catoex), la cual compite con Cafiver en los mercados nacionales e internacionales”. No obstante, los documentos del Registro Público de Comercio lo muestran como fundador de Catoex, como se mencionó anteriormente.
También expresó que “no hubo concurso” para el contrato del Café del Bienestar y fue una invitación directa del personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Diconsa y Alimentación para El Bienestar, a través de Manuel Ochoa e Iván Rico “quienes acudieron a las instalaciones de Cafiver en repetidas ocasiones para solicitarnos cotización sobre la maquila de producto que requerían (ellos entregarían el café verde). Lo atribuímos a que Cafiver, es la principal industrializadora de café en México con capital netamente mexicano y en virtud de la buena calidad de nuestros productos y procesos, así como de nuestra presencia en el mercado. Sin embargo, no fuimos seleccionados para realizar dicha maquila”.
Adicionalmente, Cafiver negó tener algún tipo de relación con Empacadora la Merced.
Los contratistas de Segalmex y Diconsa, ahora Alimentación para el Bienestar, han sido objeto de interés para investigaciones periodísticas —y administrativas o penales— en años recientes, porque esta dependencia fue cuna del mayor escándalo de corrupción en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con un daño aproximado de 15 mil millones de pesos al erario público.
A pesar de la reestructuración que dio origen a Alimentación para el Bienestar en enero de 2025, la institución encargada de los programas de seguridad alimentaria en México ha seguido adjudicando contratos a empresas previamente señaladas por irregularidades en la extinta Segalmex. Este patrón sugiere que la nueva dependencia no ha implementado controles suficientes para evitar repetir prácticas cuestionadas en el pasado.
Entre estas compañías se encuentra Marindustrias, S.A. de C.V., que este año ha recibido por lo menos 33 contratos por un total de 3,775,729.68 de pesos; La Italiana, S.A. de C.V., 37 contratos por un total de 11,629,916.40 de pesos; y Soluciones Logísticas Inteligentes S.A. de C.V., al menos un contrato por 18,139,386.11 de pesos, según el portal de compras del gobierno federal, ComprasMX.
Las primeras dos fueron señaladas en una investigación del periodista Iván Alamillo, de Mexicanos Contra la Corrupción, por haber pagado sobornos para obtener contratos en Segalmex. La tercera fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación, por no acreditar el cumplimiento de servicios que le fueron pagados en 2023. Además cuenta con señalamientos en prensa por presuntos vínculos con figuras políticas y ex funcionarios de la misma Segalmex.
Con Información de Aristegui Noticias.