Isabel García
A más de un año de la tragedia ocurrida en el antro Rich, el Ayuntamiento de San Luis Potosí enfrenta demandas civiles que en conjunto ascienden a casi 300 millones de pesos, derivadas de un caso que sigue exhibiendo fallas graves de supervisión, omisiones administrativas y una gestión municipal cuestionada.
El 7 de junio se cumplió un año del accidente registrado en el centro nocturno ubicado en la plaza Alttus, donde dos jóvenes perdieron la vida y al menos ocho más resultaron gravemente lesionados tras el colapso de un barandal desde un tercer piso.
Investigaciones posteriores confirmaron que el establecimiento operaba sin licencia de funcionamiento, además de incumplir diversos requisitos de seguridad, lo que ha sido señalado como un claro caso de negligencia institucional.
Las denuncias han sido interpuestas por cinco familias de las víctimas fallecidas, quienes reclaman daño moral y mantienen al gobierno municipal inmerso en un proceso judicial que, lejos de cerrarse, continúa escalando.
La existencia de estas demandas ha sido confirmada por las propias autoridades municipales, aunque hasta ahora no se ha informado con claridad sobre responsabilidades administrativas o sanciones internas.
La molestia de las familias se intensificó luego de que se hiciera público un dictamen de la Dirección de Protección Civil Municipal, en el que se señalaba una responsabilidad parcial de los jóvenes fallecidos por recargarse en el barandal, e incluso se hacía alusión a una supuesta omisión de los padres por permitirles salir.
Dicho documento fue ampliamente criticado por organizaciones civiles y por la sociedad, al considerarlo una forma de revictimización y de deslindar al Ayuntamiento de su obligación de vigilar y regular establecimientos de alto riesgo.
El caso del antro Rich continúa abierto y se ha convertido en un referente de la debilidad de los mecanismos de control municipal, así como de la falta de rendición de cuentas. Para muchos sectores de la sociedad potosina, el proceso judicial no solo busca justicia para las víctimas, sino también evidenciar la responsabilidad del Ayuntamiento en una tragedia que pudo haberse evitado.