Isabel García
El Ayuntamiento de San Luis Potosí ordenó el retiro de artistas urbanos y fotógrafos locales que realizaban presentaciones y ofrecían servicios en las inmediaciones del árbol navideño de Plaza de Armas, en una decisión que ha sido calificada por distintos sectores como arbitraria, discriminatoria y contraria a la promoción cultural.
La acción fue ejecutada por la Dirección de Comercio Municipal, que justificó el desalojo bajo el argumento de que los artistas “se habían adueñado del espacio público” y que presuntamente cobraban de manera obligatoria a quienes se tomaban fotografías en el sitio. Sin embargo, no se ha presentado evidencia oficial que respalde estas acusaciones.
Testimonios recabados en el lugar y lo observado durante las jornadas previas señalan que los creadores no imponían cobros, sino que obtenían ingresos a través de aportaciones voluntarias, práctica común en el arte urbano y reconocida en múltiples ciudades del país como una forma legítima de subsistencia cultural.
Lejos de abrir canales de diálogo o establecer reglas claras para la convivencia en el espacio público, el gobierno municipal optó por el retiro inmediato, lo que para muchos representa una criminalización del trabajo artístico independiente, especialmente en una temporada de alta afluencia turística y consumo.
La molestia ciudadana creció al contrastar esta medida con el alto gasto público que la misma administración destina a espectáculos contratados con artistas provenientes de otras entidades e incluso del extranjero, eventos que cuentan con respaldo institucional, promoción oficial y recursos municipales.
Esta disparidad ha puesto en entredicho la política cultural del Ayuntamiento, al evidenciar que mientras se financia el entretenimiento foráneo, se restringe el derecho de los artistas potosinos a trabajar y expresarse en su propia ciudad.
El episodio deja una pregunta abierta: ¿San Luis Potosí impulsa su talento local o solo lo tolera cuando no incomoda?