Marcela Loyola
Organizaciones civiles entregaron dos oficios de respaldo a la solicitud de presentación de recurso de inconstitucionalidad contra la reforma sobre uso indebido de Inteligencia Artificial, la cual fue elaborada por Luis González Lozano, representante de la Asociación Civil Cambio de Ruta, el pasado 4 de diciembre, ante las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos, por lo que piden sea presentada este jueves 18 de diciembre, último día para hacerlo.
El grupo, conformadas por periodistas e integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil para el seguimiento a la implementación de la política de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en San Luis Potosí, se sumó con esta acción al considerar que, dicha reforma contiene vicios de inconstitucionalidad.
Detallaron que, esta reforma incorpora conceptos ambiguos, indeterminados y de difícil aplicación técnica jurídica, que pueden dar lugar a interpretaciones arbitrarias por parte de autoridades competentes y poner en riesgo la garantía de libertad de expresión y otras libertades fundamentales.
Resaltaron que, la ambigüedad de los nuevos tipos penales aprobados por el Congreso del Estado de San Luis Potosí el pasado 14 de noviembre, ha generado advertencias por parte de organizaciones especializadas en derechos digitales, como Artículo 19, desde donde se señaló que la falta de precisión técnica y conceptual en las definiciones puede abrir la puerta a la criminalización de actividades legítimas en una sociedad digital, como la edición de contenidos, la creación artística, la crítica política, el periodismo o el uso de herramientas de inteligencia artificial con fines creativos o informativos.
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En ese contexto, el Grupo consideró urgente que ambas comisiones respondan positivamente a la solicitud presentada por Cambio de Ruta, elaborando y presentando una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de este 18 de diciembre, día en que se vence el plazo legal para hacerlo, a fin de proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía potosina y de preservar el Estado de Derecho.