Isabel García
Mientras robos, asaltos y hechos violentos continúan ocurriendo en distintos puntos de la capital sin una respuesta eficaz, el Ayuntamiento de San Luis Potosí volvió a mostrar un uso cuestionable de la fuerza pública, luego de que una periodista fuera asegurada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal en un hecho que ya estaba legalmente resuelto.
El episodio se originó tras un choque menor, atendido conforme a la ley, la aseguradora cubrió los daños, las partes involucradas llegaron a un acuerdo y no existía denuncia, riesgo ni inconformidad. Incluso, una agente de la Policía Vial reconoció en el lugar que el asunto estaba concluido.
No obstante, la situación dio un giro cuando otro elemento municipal decidió detener el cierre del procedimiento bajo un argumento que hoy concentra las críticas: no podían hacer nada sin esperar la instrucción del comandante Juan Antonio Villa Gutiérrez.
Esa espera derivó en una orden directa para asegurar a la comunicadora, acción que contrastó con la naturaleza del incidente y que provocó el arribo innecesario de varias patrullas municipales, en un contexto donde no existía falta por sancionar ni resistencia alguna.
Para ciudadanos y periodistas, el hecho dejó al descubierto una política de seguridad municipal marcada por la arbitrariedad y la subordinación ciega al mando, donde el criterio policial queda anulado y se opta por medidas extremas en casos que no lo ameritan.
Las reacciones no se hicieron esperar, por lo que integrantes del gremio periodístico cuestionaron que este tipo de acciones se ejecuten con rapidez y determinación, mientras la capital potosina enfrenta diariamente delitos de alto impacto que no reciben la misma atención ni contundencia por parte del gobierno municipal.
Ante este escenario, la periodista responsabilizó directamente al alcalde Enrique Galindo Ceballos y al comandante Juan Antonio Villa Gutiérrez de cualquier situación que pudiera afectar su integridad, al señalar que la corporación conserva sus datos personales tras el procedimiento.
Lejos de fortalecer la confianza ciudadana, el hecho volvió a poner al Ayuntamiento de San Luis Potosí en el centro de la crítica pública, al evidenciar un modelo de seguridad donde la autoridad parece elegir con quién ser inflexible y a quién dejar impune.