Isabel García
Lejos de presumir orden, eficiencia o buen gobierno, el Ayuntamiento de San Luis Potosí enfrenta un dato que desnuda el estado real de su administración, casi 400 sanciones impuestas a funcionarios municipales en poco más de cuatro años, una cifra que evidencia descontrol, irregularidades y prácticas recurrentes al interior del gobierno capitalino.
#SLP El Ayuntamiento de San Luis Potosí enfrenta un dato que desnuda el estado real de su administración, casi 400 sanciones impuestas a funcionarios municipales en poco más de cuatro años, una cifra que evidencia descontrol, irregularidades y prácticas recurrentes al interior. pic.twitter.com/eBbPS9sKQP
— PotosíNoticias (@Potosinoticia01) January 11, 2026
Información oficial de la Contraloría Interna municipal revela que, entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2025, se resolvieron 320 expedientes administrativos, de los cuales derivaron 399 sanciones contra servidores públicos, un número que habla por sí solo del nivel de incumplimiento dentro de la estructura municipal.
La titular del área, Gabriela López y López, detalló que 221 de esas sanciones corresponden a inhabilitaciones, lo que implica faltas graves cometidas por funcionarios que no debieron seguir ocupando cargos públicos.
A ello se suman 15 amonestaciones públicas, seis privadas, suspensiones, así como la cancelación de contratos, comisiones y nombramientos, confirmando que los problemas no son aislados ni menores.
Aunque la funcionaria intentó reducir el impacto señalando que en 142 casos se aplicó una figura legal para evitar sanciones, el dato central permanece: cientos de servidores públicos incurrieron en conductas que ameritaron procesos administrativos, dejando en evidencia un ayuntamiento plagado de irregularidades internas.
La opacidad en los detalles impide conocer qué dependencias concentran más faltas, quiénes reincidieron y si algunos responsables siguen vinculados a la administración municipal.
Lejos de ser un logro, el cúmulo de sanciones refleja un ayuntamiento desordenado, con funcionarios que incumplen la ley y con mecanismos de control que reaccionan tarde, cuando el daño administrativo ya está hecho.