Isabel García
Una investigación ciudadana ha puesto bajo la lupa al Ayuntamiento de San Luis Potosí, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, por presuntos pagos millonarios a proveedores con domicilios irregulares o inexistentes, situación que apunta a una posible red de simulación y desvío de recursos públicos.
De acuerdo con la organización ciudadana que realizó la documentación, el principal responsable de estas operaciones sería el oficial mayor del Ayuntamiento, Salvador Moreno Arellano, quien presuntamente ha sido protegido por el propio alcalde, pese a las evidencias encontradas.
Uno de los casos expuestos corresponde a un supuesto proveedor con folio 49463, a nombre de Jessica Dávalos Díaz, quien habría recibido durante 2025 pagos por un millón 239 mil 213 pesos por la presunta venta de material de papelería y artículos de limpieza.
Sin embargo, al verificar el domicilio fiscal registrado (ubicado en la calle Monte Everest 1001, local 1, en Aguascalientes) se constató que el lugar corresponde en realidad a una estética, cuyo personal negó conocer a la persona señalada en las facturas y aseguró que en ese sitio no se comercializan los productos facturados al Ayuntamiento capitalino.
Los documentos oficiales del propio municipio señalan como “representante legal” de esta persona a Osvaldo Velázquez Acosta, cuya única referencia pública localizada corresponde a su participación como representante de casilla del PRI en el Estado de México durante las elecciones de 2015, lo que incrementa las sospechas sobre la legitimidad del proveedor.
Pese a estas inconsistencias, Jessica Dávalos Díaz habría recibido invitaciones restringidas para participar en licitaciones municipales, compitiendo contra pequeños negocios locales y empresas con domicilios igualmente cuestionables.
Los pagos se concentraron en distintos meses de 2015, acumulando más de un millón de pesos del erario municipal, sin que hasta ahora exista una explicación clara por parte del gobierno capitalino.
Además del oficial mayor, la investigación señala la posible responsabilidad de funcionarios de las áreas de adquisiciones, contraloría interna y la Secretaría General del Ayuntamiento, quienes habrían firmado y avalado estos movimientos.
La organización ciudadana anunció que presentará denuncias ante el SAT y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, al considerar urgente frenar lo que califican como una rapiña del dinero público, mientras el Ayuntamiento guarda silencio.