Mientras miles de familias en la zona metropolitana de San Luis Potosí enfrentan carencias sociales, cortes constantes de agua, fugas no atendidas y un servicio deficiente, el alcalde Enrique Galindo Ceballos asegura que “no sabía” del incremento del 10 por ciento al salario del director general de Interapas, un organismo ampliamente señalado por su ineficiencia operativa y financiera. La pregunta obligada es si se trató de una omisión grave o de una cómoda vista gorda ante un beneficio injustificable para la alta burocracia.
Luego de que trascendiera el aumento salarial, Galindo afirmó haber ordenado una investigación interna y sostuvo que dicho ajuste “no corresponde” a la política salarial del Ayuntamiento, donde el incremento máximo autorizado fue del 5 por ciento. Sin embargo, el propio alcalde es presidente de la Junta de Gobierno del organismo operador del agua, lo que pone en duda la narrativa de desconocimiento y abre cuestionamientos sobre su responsabilidad directa en las decisiones administrativas de Interapas.
El edil declaró que “eso no puede suceder” y que, de confirmarse el incremento, se anunciarán medidas correctivas. No obstante, el daño político ya está hecho: resulta incongruente que funcionarios de un organismo señalado por su mal desempeño, opacidad y resultados deficientes reciban aumentos salariales superiores a los del resto del personal municipal, en un contexto de crisis hídrica y descontento social.
Galindo también informó que se reunió con el responsable de la dirección de Interapas y que continúa en la búsqueda de un perfil definitivo para encabezar el organismo. Mientras tanto, defendió al actual titular administrativo por su experiencia financiera, aunque los problemas estructurales de Interapas siguen sin resolverse y la ciudadanía continúa pagando las consecuencias.
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Más allá del anuncio de una investigación, el caso vuelve a exhibir una constante: la distancia entre el discurso de austeridad y transparencia y las decisiones que benefician a unos cuantos. Hoy, la exigencia ciudadana no es solo saber quién autorizó el aumento, sino si el alcalde realmente desconocía lo ocurrido o si permitió, por omisión, un acto que agravia a una población cansada de pagar más por recibir menos.