Marcela Loyola
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona hizo un llamado a los organismos autónomos a evitar excesos y a respetar los tabuladores salariales establecidos, pues nadie debe percibir más que el titular del Ejecutivo.
Lo anterior, luego de que, se diera a conocer que, hay funcionarios con sueldos superiores al millón de pesos anuales, que son titulares de algunos órganos autónomos del estado, de los cuales han argumentado carencias financieras.
Ricardo Gallardo se pronunció sobre los ingresos de funcionarios de los nueve órganos autónomos que reciben recursos del presupuesto estatal, algunos de los cuales incluso superan la remuneración del propio gobernador y de la presidenta de la República de México, situación que resulta ilegal conforme al marco normativo vigente.
Puntualizó que, su gobierno mantiene una postura de respeto hacia la autonomía de estos organismos, pero aclaró que ello no debe ser sinónimo de abusos en el manejo de los recursos públicos.
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— PotosíNoticias (@Potosinoticia01) January 27, 2026
“Soy muy respetuoso de los órganos autónomos, siempre lo he dicho. Cada órgano es libre de su recurso o de su trabajo; sin embargo, no deben llegar a los excesos, nadie”, destacó.
Añadió que, situaciones similares se han observado también en algunos municipios, donde existen funcionarios con percepciones superiores a las del Ejecutivo estatal, por lo que insistió en la necesidad de homologar criterios salariales.
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“Ojalá que los órganos autónomos se adapten a los tabuladores que tenemos todos”, expresó.
De acuerdo, a las páginas de transparencia, los titulares y mandos de organismos como la Fiscalía General del Estado (FGE), el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) —incluidos sus consejeros—, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), la Secretaría General del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), así como el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), se encuentran entre quienes perciben remuneraciones superiores a las del Ejecutivo estatal.