Isabel García
A pesar de los avances legislativos logrados en los últimos años, la comunidad LGBT+ en San Luis Potosí aún enfrenta barreras estructurales que limitan el ejercicio pleno de sus derechos, particularmente en el acceso a servicios públicos, espacios laborales y entornos institucionales, advirtió Adrián Barrios Muñoz, activista y defensor de derechos humanos que trabaja con grupos de la diversidad sexual en la entidad.
El activista reconoció que el estado ha tenido progresos importantes, como el matrimonio igualitario y el reconocimiento de identidades no binarias; sin embargo, subrayó que estos logros no son suficientes si no se acompañan de políticas públicas efectivas y una apertura real de las instituciones para garantizar su cumplimiento.
Señaló que uno de los principales retos es que los derechos reconocidos en la ley puedan ejercerse sin obstáculos administrativos, sociales o culturales.
En ese sentido, explicó que aún existen fallas en la atención institucional, falta de capacitación del personal y carencias en los servicios públicos, lo que afecta no solo a la población LGBT+, sino también a otros grupos prioritarios como personas con discapacidad y comunidades indígenas.
Barrios Muñoz indicó que la discriminación sigue siendo una constante, especialmente en el ámbito laboral, donde si bien existen oportunidades, también persisten prácticas excluyentes que impiden a muchas personas acceder a un empleo digno.
Explicó que esta exclusión no siempre se manifiesta de manera directa, sino a través de barreras silenciosas y estructurales.
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Asimismo, advirtió que la falta de reconocimiento legal de la identidad de género continúa siendo un obstáculo significativo, ya que un solo documento puede convertirse en un filtro que excluye a personas trans y no binarias de trámites, empleos o ascensos laborales.
Por último, destacó la necesidad de que los gobiernos, particularmente los municipales y estatales, pasen del discurso de inclusión a la implementación de acciones concretas que garanticen el acceso igualitario a derechos y oportunidades, y que permitan corregir prácticas discriminatorias aún arraigadas en diversos sectores.