El diputado de Morena, Cuauhtli Badillo Moreno, llevó al Congreso del Estado un señalamiento que pone en duda la legalidad del reciente aumento al pasaje del transporte urbano, al advertir que la nueva tarifa de 13.50 pesos podría no ajustarse a lo que establece la Ley de Transporte Público, la cual obliga a que cualquier incremento sea proporcional a la inflación.
Durante su intervención en tribuna, el legislador explicó que, con una inflación anual de 3.69 por ciento al cierre de 2025, el ajuste autorizado debió ser de apenas 46 centavos. Sin embargo, desde el 15 de enero, la tarifa aumentó un peso completo, situación que, afirmó, no corresponde a los parámetros legales vigentes.
Badillo Moreno subrayó que el problema no radica únicamente en el monto del incremento, sino en las condiciones del servicio que diariamente utilizan miles de potosinas y potosinos. Señaló que aún circulan unidades con más de 10 años de antigüedad, que no todos los camiones cuentan con botones de pánico ni cámaras de seguridad, y que en horas pico los vehículos operan totalmente saturados.
Añadió que estudiantes universitarios han enviado cartas al Congreso del Estado para expresar su inconformidad, al considerar injusto pagar una tarifa más alta por un servicio que no ha mostrado mejoras en seguridad ni en calidad.
Ante este escenario, el Grupo Parlamentario de Morena presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la elaboración de un padrón público que detalle qué unidades cumplen con los estándares de calidad y cuáles no, además de que el incremento no se aplique de manera generalizada.
La propuesta plantea que los usuarios puedan identificar las unidades que incumplen, pagar una tarifa menor en esos casos y denunciar cobros indebidos. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para su análisis y dictaminación.