Marcela Loyola
La ex magistrada del Poder Judicial del Estado, Adriana Monter Guerrero, sostuvo una reunión informativa sobre la violencia política que sufrió por parte del presidente Juan Pablo Almazán Cué, y por lo cual presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Dio a conocer que tiene 27 años al servicio del Poder Judicial del Estado, ostentaba el cargo de magistrada, pero derivado del ejercicio de sus derechos porque no se respetó su derecho a ser evaluada y ratificada, se abrogó su nombramiento cuatro días antes.
Añadió que espera que las instituciones respeten la leyes y se haga justicia en su caso, sobre todo que ya se emitan las medidas cautelares para que no siga siendo víctima de violencia política de género.
Indicó que desde hace dos años comenzó la violencia política en su contra cuando decidió interponer un amparo y recurrir a instancias legales para que fuera respetado su derecho a que fuera ratificada como magistrada.
“Desde el principio el presidente Almazán me sugiere no continuar con el juicio de amparo por las consecuencias políticas que podría sufrir, después hubo una serie de actos de intimidación, de humillación, y lo último fue que me degradó de ser secretaria general de acuerdos del Poder Judicial, a jefa de departamento y me manda al Archivo Judicial, obviamente con la baja de las percepciones”, relató.
Monter Guerrero manifestó que posteriormente se le reubicó en la secretaria del Juzgado Segundo Civil, violando todos sus derechos porque hasta el sueldo se le redujo.
Toda esta situación fue por compromisos que tenía el presidente con otras personas o hasta con amigos, y por ello comenzó toda la violencia en su contra, lo que le ha generado enfermedades y afectaciones hasta a sus hijos, y un daño económico.