El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) en San Luis Potosí, Juan Carlos Torres Cedillo, informó que en el nivel secundaria se registra una reducción aproximada del 3 por ciento en la matrícula escolar; no obstante, la meta es que para 2026 esta disminución no supere el 1 por ciento. Actualmente, señaló, hay 150 primarias en proceso de reorganización en la zona metropolitana debido a que cuentan con menos de 10 estudiantes.
En el ámbito psicológico, el funcionario advirtió que los problemas de salud mental se intensificaron a partir de la pandemia. Indicó que es necesario fortalecer el marco legal para regular el uso del teléfono celular en menores de edad, ya que en ocasiones acceden a información inadecuada, como retos virales. Agregó que, a diferencia de años anteriores, algunos estudiantes ya no buscan orientación en adultos o maestros, sino que recurren directamente a herramientas de inteligencia artificial.
Respecto al nivel medio superior, reconoció que actualmente no existen suficientes preparatorias en el estado y advirtió que para 2034 podría presentarse un colapso si no se amplía la infraestructura. Por ello, ya se construyen nuevos planteles. Consideró adecuada la propuesta de la presidenta de la República de eliminar el examen de ingreso, al señalar que una sola prueba no debe definir el acceso a la educación y que este podría depender de un curso propedéutico.
En cuanto a la prevención de accidentes, señaló que el seguro escolar cubre incidentes dentro del horario de clases y en el trayecto de casa a la escuela, lo que ha representado un alivio económico para las familias. Además, informó que en todas las instituciones opera un consejo o comité de seguridad integrado por padres de familia.
Finalmente, Torres Cedillo afirmó que existe preocupación por la vulnerabilidad en la que han quedado algunos docentes ante denuncias presentadas por padres de familia ante instancias de derechos humanos, derivadas —dijo— de malas interpretaciones. Señaló que se está invitando a escuelas privadas a respaldar la aplicación de la ley que protegía a los profesores, con el objetivo de brindar mayor certeza jurídica al magisterio.