Por: Pablo Mier y Terán
Ciudad de México, 18 de febrero 2026.– En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), donde México presume ante el mundo la riqueza de sus más de 11 mil kilómetros de litoral, organizaciones civiles, comunidades costeras y sectores productivos alzaron la voz para denunciar la grave crisis de gestión que enfrenta la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Las críticas se dirigen directamente a la administración encabezada por Alfredo Arellano Guillén, a quien acusan de ineficiencia, opacidad y permisividad frente al avance de la ilegalidad en las costas mexicanas. Datos oficiales revelan que más del 40 % de los trámites relacionados con concesiones y permisos presentan rezagos superiores a seis meses, mientras miles de expedientes permanecen sin resolución, generando un entorno propicio para la discrecionalidad y los abusos.
En el terreno, la situación es aún más alarmante. Organizaciones ambientales estiman que al menos el 30 % de la franja de la ZOFEMAT en zonas turísticas presenta ocupaciones irregulares, con playas cercadas, accesos públicos bloqueados y construcciones sin autorización. Este patrón se repite de Baja California Sur a Quintana Roo, evidenciando una ausencia sistemática de autoridad para proteger bienes que son propiedad de la nación.
El deterioro ambiental avanza al mismo ritmo. México ha perdido más del 60 % de sus manglares, ecosistemas esenciales para la protección costera, la biodiversidad y la resiliencia climática. La débil supervisión, la falta de planes de manejo y la permisividad frente a desarrollos irregulares están dejando una factura ambiental de enormes proporciones, cuyas consecuencias ya se manifiestan en erosión costera, mayor vulnerabilidad a huracanes y pérdida de biodiversidad.
Diversos sectores recordaron además que Alfredo Arellano Guillén ha enfrentado en el pasado señalamientos públicos por presuntas irregularidades administrativas, manejo discrecional de concesiones y omisiones en procesos de supervisión, documentados por medios y organizaciones civiles. Aunque la mayoría de estos casos no ha derivado en sanciones, la recurrencia de las denuncias ha consolidado una percepción de captura institucional y debilidad en la rendición de cuentas.
“Mientras México vende al mundo la imagen de playas abiertas, limpias y sostenibles, en casa vemos cómo el litoral se privatiza de facto y la ilegalidad se normaliza. La contradicción es insostenible y exige una revisión profunda e inmediata de la gestión en la ZOFEMAT”, señalaron representantes de la sociedad civil.
Finalmente, los colectivos hicieron un llamado urgente al Ejecutivo federal, al Congreso de la Unión y a los órganos de control para ordenar auditorías integrales, revisar el desempeño directivo y establecer mecanismos efectivos de vigilancia, transparencia y sanción. “Las playas son un bien público estratégico. Protegerlas no es una opción política, es una obligación constitucional”, subrayaron.