La colectiva Por Ellas, Por Nosotras y Por Todas advirtió que levantar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en San Luis Potosí representaría un agravio para las mujeres y para las familias de víctimas de feminicidio cuyos casos continúan sin acceso pleno a la justicia, la verdad y la reparación integral.
En un posicionamiento público, el colectivo sostuvo que cancelar este mecanismo enviaría un mensaje político equivocado en un contexto en el que —aseguran— la violencia feminicida no ha sido erradicada.
El documento fue dirigido a autoridades de los tres órdenes de gobierno, entre ellas la secretaria de las Mujeres del Gobierno federal, Citlalli Hernández Mora; el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona; la fiscal general, María Manuela García Cázares; y el presidente municipal de la capital, Enrique Francisco Galindo Ceballos, así como a representantes del Poder Judicial y organismos autónomos.
La colectiva subrayó que la AVGM no es un listado de acciones administrativas, sino un mecanismo orientado a erradicar la violencia feminicida, la cual puede o no culminar en la muerte de una mujer.
Las firmantes cuestionaron que un eventual levantamiento pueda sustentarse únicamente en cifras oficiales, al señalar que existe opacidad y falta de rigor metodológico en la clasificación de muertes violentas de mujeres. También apuntaron deficiencias en la transparencia de los protocolos de investigación con perspectiva de género y debida diligencia, lo que, advirtieron, pone en duda la consistencia de los datos y de las narrativas sobre una posible disminución de casos.
Antes de cancelar la alerta, consideraron indispensable transparentar indicadores de impacto, fortalecer la coordinación entre el estado y los municipios, garantizar la participación ciudadana efectiva, publicar informes con respaldo documental, asignar presupuestos con perspectiva de género y elaborar estudios actualizados sobre la violencia feminicida en los municipios involucrados. A casi nueve años de la declaratoria, señalaron que el cumplimiento incipiente de actividades no puede asumirse como una meta suficiente.
Finalmente, recordaron que la justicia y la reparación integral son condiciones indispensables y que el Estado debe garantizar investigaciones exhaustivas, sanciones a servidores públicos omisos y el reconocimiento público de responsabilidad. Como precedente obligatorio mencionaron la sentencia emitida en 2019 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Karla Pontigo, y afirmaron que mientras no existan condiciones reales para una vida libre de violencia y reparación para las víctimas, la AVGM no debe ser levantada.