Isabel García
El exceso de cableado aéreo que forma verdaderas “telarañas” en distintas zonas de la capital potosina continúa siendo un problema sin regulación clara, reconoció el titular de Servicios Municipales, Christian Azuara.
El funcionario explicó que la mayoría del cableado corresponde a empresas privadas de telefonía e internet que utilizan postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), instancia que autoriza la conexión en su infraestructura.
Detalló que el Ayuntamiento únicamente interviene en materia de imagen urbana y que las sanciones por contaminación visual o cables en el piso corresponden al área de Ecología, mientras que Desarrollo Urbano otorga permisos relacionados con la vía pública.
Azuara señaló que uno de los principales problemas es que las empresas contratan terceros para realizar las instalaciones, lo que genera conexiones irregulares, ramales improvisados y acumulación de cables sin orden.
Indicó que en muchos casos las compañías optan por “colgarse” de postes existentes en lugar de instalar infraestructura propia, lo que deriva en sobrecarga visual y desorden.
Aunque los postes de alumbrado público municipal no permiten conexiones externas, la mayoría del cableado conflictivo se encuentra en postes de CFE.
El funcionario explicó que actualmente se trabaja en un convenio nacional con la asociación de cableras para establecer lineamientos más claros, aunque reconoció que solo la empresa izzi se ha sumado de manera voluntaria a los esfuerzos de ordenamiento.
Añadió que otras compañías no han participado debido a que la reorganización implicaría inversión adicional.
En colonias y avenidas principales es común observar rollos de cable abandonados, conexiones improvisadas y cajas sin ordenamiento, lo que además de afectar la imagen urbana representa un riesgo en caso de accidentes.
Recordó que en administraciones anteriores incluso se detectaron antenas instaladas sin permiso en postes municipales, las cuales fueron retiradas.
Azuara admitió que actualmente no existe una legislación municipal específica que obligue a las empresas a eliminar ramales innecesarios o estandarizar instalaciones, lo que coloca al Ayuntamiento en una “encrucijada” jurídica.
Mientras tanto, en diversas zonas de la capital persisten las marañas de cables que afectan la imagen urbana y generan cuestionamientos ciudadanos sobre la falta de regulación efectiva.