Un juez federal admitió hoy a trámite la acción colectiva iniciada en mayo de 2018 por padres del Colegio Enrique Rébsamen para demandar indemnización por la muerte de alumnos en el sismo del 19 de septiembre de 2017, así como mejoras en las medidas de protección civil y construcción de recintos escolares.
Felipe Consuelo Soto, Juez Tercero de Distrito en Materia Civil, dio hoy quince días hábiles a los demandados para contestar la demanda.
Los demandados son autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, la Delegación Tlalpan, la Secretaría de Educación Pública, así como al propio Colegio y su dueña Mónica García Villegas, quien a la fecha no ha comparecido en la causa penal en su contra.
Durante los diez meses que duró la etapa de certificación de la acción colectiva, las autoridades alegaron que esta vía no es la adecuada para reclamarles una actuación negligente, pero el Juez rechazó por ahora el argumento.
“Respecto de la manifestación en el sentido de que la reclamación por concepto de daño moral, patrimonial y perjuicios en contra del Estado, la vía legal para exigirla se rige única y exclusivamente por la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, es un tema que debe dilucidarse en la sentencia que llegare a dictarse al resolver el asunto”, afirmó Consuelo Soto.
“Notifíquese personalmente el presente auto a los representantes comunes de los actores para que en diez días, lo haga del conocimiento de todos los promoventes, y así la colectividad que representan tengan conocimiento de la misma”, agregó.
Una vez admitida la acción, otros miembros de la colectividad afectada del Colegio Rébsamen podrán sumarse al caso, en el que Consuelo eventualmente decidirá si condena al pago de indemnizaciones o algún otro tipo de reparación.
La demanda fue promovida por familiares de 15 de las 26 personas que murieron en el colegio -19 de ellos menores de edad-, con asesoría de la Fundación de la Barra Mexicana de Abogados.
Este proceso es paralelo e independiente a las causas penales y procedimientos administrativos contra el Colegio y funcionario o ex funcionarios, y no está del todo claro si podrán coexistir indemnizaciones derivadas de cada uno de ellos.
Las acciones colectivas fueron legisladas en México a partir de 2011, siguiendo el modelo de las class actions del derecho estadounidense, pero hasta ahora han sido un fracaso por los muchos requisitos legales y dificultades operativas para concretar los reclamos.
Con información de Zócalo