Después que el Gobierno de esta capital interpuso una demanda en la Auditoría Superior de la Federación –ASF-, por diversas irregularidades en la malograda obra de avenida Fray Diego de la Magdalena que impulsó la anterior gestión municipal, integrantes del actual Cabildo coincidieron en la importancia de que se llegue a las últimas consecuencias con la aplicación de sanciones a quienes resulten responsables de esta afectación en contra de San Luis Potosí.
La regidora integrante de la Comisión de Alumbrado y Obras Públicas, Verónica Campillo Salazar reafirmó que esta obra en particular implicó la inversión de recursos federales, de ahí que el que no se halla llevado a cabo implica una falta muy grave, además de la afectación que tuvo para el Gobierno Municipal y la misma ciudad.
Insistió en la importancia de que la investigación por parte de la autoridad correspondiente siga su curso para que los ex funcionarios municipales y demás personas involucradas en este proyecto den cuenta acerca de un presupuesto que estaba debidamente etiquetado para obras, del cual se desconoce dónde quedó ese dinero.
Campillo Salazar insistió que como Cabildo, “estaremos al pendiente que todo ese proceso se lleve a cabo bajo la legalidad y se apliquen las penas respectivas contra quienes resulten responsables”.
Por su parte, el regidor secretario de la Comisión de Desarrollo y Equipamiento Urbano, Jaime Uriel Waldo Luna coincidió en lo delicado no sólo de este proyecto, sino de muchas otras anomalías detectadas en el proceso de entrega-recepción, de ahí la importancia de que “como representantes de la ciudadanía, no sólo apoyemos el que se inicien los procedimientos, sino les daremos el seguimiento para que se castigue a quienes desviaron o no ocuparon de manera legal y transparente millonarios recursos a favor de la ciudadanía”.
En el caso de la obra en Fray Diego de la Magdalena, recordó que se destinaron más de 200 millones de pesos, además de que la empresa contratada a pesar de que no llenaba los requisitos para hacerse cargo de la modernización de esta avenida, finalmente no llevó a cabo trabajo alguno “y por eso hoy, es justo exigir la devolución de los recursos a quien los tenga por tratarse de participaciones federales”.
Finalmente, recordó que pese al impacto de este proyecto, no se socializó con habitantes de esa zona, además de que en la licitación, luego de declararla desierta, se adjudicó a una constructora que a su vez, subcontrató servicios e insumos fuera de la ley, por lo que además de exigir sanciones, se inició con el proceso resarcitorio de los recursos.