A fin de integrar con más elementos la denuncia por la obra pagada pero no ejecutada de Fray Diego de la Magdalena, empresas que se inconformaron por las irregularidades en el proceso de licitación se acercaron al actual Ayuntamiento de San Luis Potosí para entregar la información necesaria para complementar la documentación de anomalías en este proyecto fallido de la pasada administración municipal.
El representante legal de las compañías antes referidas, Joel Torres Maldonado detalló que desde un inicio se interpuso un recurso de inconformidad por la licitación ante la Secretaría de la Función Pública y pese a que se obtuvo un fallo favorable, la anterior gestión capitalina no acató y volvió a declarar desierto el proceso no sólo en una, sino en dos ocasiones.
Otra irregularidad es que la empresa asignada jamás participó en las licitaciones y simplemente después, sólo se vio beneficiada con un fallo de adjudicación directa.
Por ello, se procedió a una nueva inconformidad “y le hemos dado seguimiento a este asunto y una vez que nos enteramos de que el actual Gobierno Municipal interpuso también denuncias, decidimos acercarnos a la Secretaría General para apoyar con información, documentación y todo lo que tenemos a nuestro alcance para que se haga justicia”.
Reveló que desaparecieron muchos documentos entre los sobresalen, los informes originales, “no obstante, sabemos que mientras la pasada administración informó a la Secretaría de la Función Pública que no existía empresa ganadora y adjudicada, ya estaba asignada desde diciembre de 2017. Este tipo de documentación se extravió misteriosamente”.
Asimismo, al término del trienio anterior se dio la rescisión del contrato y un pago de anticipo por más de 100 millones de pesos que no fue aplicado en la obra, “por eso nos acercamos y apoyamos al presente Ayuntamiento para recuperar estos recursos que son las potosinas y potosinos y que están desaparecidos. Además, la pasada administración quiso justificarse que no se llevó a cabo esta obra por un amparo interpuesto, pero sólo corresponde al área frente al Santuario de El Saucito, es decir, el resto del proyecto se debió llevar a cabo”.
Finalmente, el abogado que representa a nueve empresas locales inconformes, añadió que están en espera de una nueva resolución del proceso de inconformidad aunque los tiempos dependen de la dependencia federal, pero confía en que los próximos meses se dé respuesta y se apliquen las sanciones administrativas y también penales.