Marcela Loyola
Luego de que se rechazara su Punto de Acuerdo para exhortar a los presidentes municipales de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez a que ese utilice un protocolo y se respeten los derechos humanos en los operativos anti alcohol, el diputado Pedro Carrizales Becerra adelantó que lo volverá a presentar en la próxima sesión con mayor sustento.
Consideró necesario que haya parámetros para realizar estos operativos conforme a la alcoholimetría de la Comisión Nacional para la Prevención de Accidentes, y deben estar presentes observadores de las respectivas Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos y a que se realice una convocatoria pública para la sociedad civil pueda participar con observadores independientes y voluntarios.
Indicó que en las últimas semanas se ha venido dando una discusión pública ante la instalación más constante de operativos anti alcohol en la Zona Metropolitana, compuesta por San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, como ocurrió el 21 de marzo del presente año, cuando Filemón Juárez Santana, director de Policía Vial en la capital, anunció que estará aplicándose durante los fines de semana el “Operativo Anti Alcohol” de 11:00 pm a 3:00 am.
Este tema ha sido objeto de entrevistas a diputados y diputadas para conocer nuestra opinión sobre la situación, además que desde la sociedad civil se ha criticado y cuestionado si el fin de estos operativos es prevenir accidentes o generar recursos para las arcas municipales.
Sin dejar de reconocer que hay una parte de la población que señala que son pertinentes porque el fin es salvar vidas; no obstante lo anterior persiste la duda y la desconfianza, incluso cabe recordar que en el índice de confianza en la Consulta Mitofsky, las policías, incluyendo las de tránsito, están reprobadas con un 4.8, siendo el tercer tipo de institución con menos confianza de parte de la población.