La diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya (Morena) propuso que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, lleven a cabo acciones para proteger las playas mexicanas y el libre tránsito en ellas, y vigilen que el uso, aprovechamiento o explotación de las concesiones otorgadas en la administración pasada, no afecte ni altere el equilibrio ecológico.
En un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales señaló que Quintana Roo es la entidad donde se otorgó el mayor número de concesiones durante 2018, con 56 títulos, de los cuales 35 fueron concedidos sólo a cinco inmobiliarias.
Mencionó que Nayarit se sitúa en segundo lugar. En 2007, el gobierno federal y el de esta entidad lanzaron la marca turística Riviera Nayarit. Desde entonces, a través del Fideicomiso Bahía de Banderas (Fibba), empezó la concesión y venta de predios con frente de playa expropiados a ejidatarios; un proceso en el que los municipios Bahía de Banderas y Compostela resultaron claves.
“Para los habitantes de la costa de Nayarit, debido a este desarrollo, las comunidades han caído presa del desalojo. Ante esto, se han manifestado, lo que ha derivado en que sean perseguidos, encarcelados e incluso torturados”, añadió.
Villalvazo Amaya relató que en enero de 2016, en Quintana Roo, ciudadanos y activistas denunciaron que, de madrugada, un grupo de trabajadores escoltado por policías comenzaron a realizar labores con maquinaria pesada para construir el proyecto inmobiliario llamado Malecón Tajamar.
A la zona arribó maquinaria escoltada por policías estatales. La excavación afectaba a un manglar y la vida de especies como el cangrejo azul, la rana leopardo, varias aves, iguanas rayadas, garzas, pelícanos café y cocodrilos Moreletti.
“La defensa de la zona escaló al grado de solicitar en la plataforma change.org, que se le retirara a México la sede de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica (COP13). Tajamar se volvió emblema de la lucha activista del medio ambiente; sin embargo, el reclamo no detuvo al gobierno para concesionar miles de metros de playas quintanarroenses”, añadió.
La diputada de Morena subrayó que en el caso de La Lancha -la única playa que queda con acceso al público en la comunidad de Punta de Mita, en Bahía de Banderas, Nayarit- pobladores han denunciado que, desde el 21 de noviembre de 2018, personal de seguridad privada acompañados de trabajadores, comenzaron a colocar una malla ciclónica y carteles de “cerrado”, en los accesos, argumentando estar facultados para hacerlo. Al ser increpados por los pobladores, algunos guardias rociaron con gas lacrimógeno a las personas y agredieron a otras físicamente.
“Todo esto fue provocado por la desarrolladora turística, quien pretende un proyecto de construcción de un complejo habitacional y turístico en la franja de playa que corresponde desde Punta de Mita hasta Destiladeras; existe una concesión que, de acuerdo con Semarnat, impide cualquier construcción que afecte el ecosistema”, añadió.
Ante todo ello, añadió, es fundamental llevar a cabo acciones con el fin de proteger las playas mexicanas y el libre tránsito en ellas, así como vigilar que el uso, aprovechamiento o explotación de las concesiones, no afecte ni altere el equilibrio ecológico.