El estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos, aprobó este miércoles un proyecto de ley antiaborto que tiene el apoyo del gobernador demócrata, John Bel Edwards, el primero de su partido en todo el país en respaldar una norma de este tipo este año.
El Legislativo de Luisiana aprobó hoy tras semanas de debate el proyecto por 79 votos a favor -algunos demócratas- y 23 en contra.
Luisiana se sumó así a la ola de estados conservadores en Estados Unidos que han aprobado en las últimas semanas leyes antiabortistas, como Alabama, que directamente prohibió la práctica excepto en casos de alto riesgo para la salud de la madre.
En el caso de Luisiana, el proyecto de ley prohíbe el aborto después de que se detecte el latido del feto, algo que ocurre normalmente tras las primeras seis semanas de embarazo, cuando muchas mujeres aún no saben que lo están.
Los legisladores rechazaron enmiendas que pretendían incluir excepciones en casos de incesto o violación.
Tras su aprobación en el Legislativo, Edwards dijo que estaba preparado para ratificar la ley.
Este proyecto de ley de Luisiana es el primero que recibe el apoyo de demócratas locales en la actual ola antiabortista en Estados Unidos, lo que ha provocado malestar en la dirección del partido, que lo ve como una traición a la lucha por los derechos de las mujeres.
En Estados Unidos el aborto es legal en la práctica desde que en 1973 el Tribunal Supremo declaró inconstitucional cualquier interferencia del Estado en la decisión de la mujer sobre el embarazo.
En los últimos años, sin embargo, el movimiento conservador ha tratado de que el Alto Tribunal, de mayoría derechista, vuelva a estudiar su constitucionalidad para revertir la decisión de 1973.
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y los nombramientos en el Supremo de los jueces conservadores Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh han supuesto esperanzas renovadas para los que anhelan su prohibición.
La prohibición del aborto aprobada en Alabama, por ejemplo, tiene el objetivo manifiesto provocar una batalla legal que llegue al Supremo.
Mientras tanto, el Partido Republicano ha tratado de sortear ese fallo aprobando normas que obstaculizan el acceso al aborto amparadas en los derechos religiosos y la salud de las mujeres.
Trump, además, ha retirado la financiación pública a las clínicas de planificación familiar que ofrecen abortos, una medida dirigida sobre todo a Planned Parenthood, la mayor de estas organizaciones en el país contra la que los conservadores tienen una cruzada.
Con información de EFE.