El ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, emprendió acciones jurídicas en contra de la Minera San Xavier al invadir ilegalmente un espacio de aproximadamente 88 hectáreas de terrenos del ejido Palma de la Cruz, donde desarrolla trabajos de explotación y exploración causando daños irreversibles a la ecología.
En rueda de prensa conjunta, el alcalde Gilberto Hernández Villafuerte y su similar de Cerro de San Pedro, Rosaura Loredo Loredo, externaron su preocupación por que la empresa trasnacional canadiense afectó territorio soledense con una serie de trabajos que devastaron la flora y fauna del lugar, intervención de la que no se notificó a la autoridad municipal, independientemente de los permisos con los que deben contar a nivel federal.
El alcalde explicó que esta situación se detectó al realizar el estudio de actualización cartográfica de la Dirección de Catastro Municipal, para lo cual se empleó un moderno equipo especializado que realizó fotografías aéreas, lo que dejó al descubierto la destrucción por la empresa del territorio aledaño al Cerro de La Reposa.
Precisó que si bien la Minera San Xavier estableció con la anuencia del ejido Palma de la Cruz para depositar en sus terrenos residuos mineros, la empresa no contó con el aval de la autoridad municipal para llevar a cabo esta actividad, sin embargo, lo que se muestra en la cartografía son excavaciones profundas y especies de ramales.
Cabe mencionar que, en días pasados, el edil en compañía de la secretaria general, Contralora, Síndicos y los titulares de Protección Civil Municipal, Ecología, Catastro y Comercio, realizaron una inspección física de los trabajos que realiza la Minera San Xavier en territorio soledense, constatando el daño ambiental irreversible.
De manera previa, se giraron oficios a la empresa solicitando documentación diversa e información sobre el proyecto que se realiza en la zona en los distintos ámbitos, a lo que la empresa hizo caso omiso, por lo que se procedió al levantamiento de actas correspondientes además de extender notificaciones y proceder a la colocación de sellos de suspensión de los trabajos.
El alcalde fue tajante al señalar que no se dará marcha atrás en las acciones legales emprendidas, ante el daño ecológico que causa una empresa que se autodenomina “como socialmente responsable”, aunque en la realidad causa contaminación y actúa sin apego a la legalidad.